La Policía Nacional informa a la Audiencia Nacional de que el asalto a Ceuta fue planificado por Marruecos

La Policía Nacional ha informado a la juez María Tardón, que investiga el salto de unas 80.000 personas de Marruecos a España por la frontera de Ceuta los días 30 y 31 de julio, de que la acción fue planificada y ejecutada por agentes de los cuerpos de seguridad de Marruecos, en abierto contraste con lo mantenido por el Gobierno español: el presidente Pedro Sánchez, aunque en un primer momento aseguró que se había tratado de un "ataque a la integridad territorial" española -algo que por definición sólo puede realizar otro país-, ha sostenido que Marruecos ni concibió ni ejecutó la acción, culpando de ello a "mafias" de trata de personas y a países como Rusia e Israel.

Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior y responsable de los cuerpos policiales, no tenía conocimiento del informe. Tanto es así que se ha dirigido esta madrugada por carta al director general de la Policía, Francisco Pardo, para saber, "de ser cierto", desde cuándo disponía la Policía Nacional de esta información.

El informe de la Policía Nacional enviado este lunes a la magistrada Tardón, quien se encontraba de guardia en la Audiencia Nacional durante los hechos, ha sido realizado por la unidad de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería, el llamado CENIF (siglas de Centro Nacional de Inmigración y Fronteras), y sus conclusiones son demoledoras para Moncloa.

Según el CENIF, el organismo encargado de analizar este tipo de situaciones, el asalto fue un proceso cuidadosamente planificado en orden a colapsar el sistema de control fronterizo español, y a eliminar la capacidad de respuesta de España. Los agentes españoles aseguran a la juez, incluso, que sus homólogos de Marruecos pudieron monitorizar sobre el terreno la ejecución de la propia acción: EL MUNDO ya informó desde un primer momento de que agentes marroquíes fueron detectados entre los presuntos migrantes que rebasaron la frontera.

La Policía, además, vincula muy directamente lo que no duda en tachar de operación con la reivindicación territorial del régimen alauita sobre las ciudades españolas de Ceuta y Melilla. El informe, cuyo contenido ha sido adelantado por El Español y confirmado por EL MUNDO, obra ya en poder de Fiscalía.

Según fuentes policiales a las que ha tenido acceso este diario, su contenido podría levantar ampollas entre la Dirección General de la Policía y la Comisaría General de Extranjería: la juez Tardón habría solicitado informe directamente a la segunda, que se lo habría remitido sin hacerlo circular antes por la dirección que encarna Francisco Pardo.

El CENIF sostiene también en el informe que la presunta finalidad migratoria del incidente no fue más que una cobertura formal de la operación, comandada sobre el terreno por agentes marroquíes, unos uniformados y otros de paisano, y señala que existen numerosas imágenes que lo prueban durante la mismísima llegada masiva.

Además, el CENIF esgrime como prueba de que el incidente no fue migratorio, sino un ataque a la soberanía el propio hecho de que la mayoría de quienes cruzaron ilegalmente la frontera volvieron a Marruecos a las pocas horas. El organismo dice también que emitió una alerta de riesgo de entrada el mismo 29 de julio, horas antes de los hechos, señalando que la gran oleada se preparaba "para el 30 de julio" y "por mar".

El informe sostiene sin ambages que gendarmes marroquíes uniformados indicaron a los migrantes cómo acceder a la frontera desde Castillejos, la localidad limítrofe por el lado marroquí (Fnideq en árabe dariya), y comandaron el flujo de esas más de 80.000 personas hasta la verja que separa un país de otro.

Ya en El Tarajal, en el lado marroquí, otros agentes del país alauita, esta vez vestidos de paisano, dieron incluso instrucciones a los gendarmes de cómo operar para facilitar la llegada del torrente de personas al espigón que separa ambos países. De esta acción de agentes marroquíes de paisano hay incluso, señala el informe, prueba gráfica. Se da por descartada así, por parte de la Policía, la posibilidad de que "mafias" consiguieran pastorear a los migrantes, magrebíes y subsaharianos, hacia territorio español.

El CENIF, además, considera en el informe el incidente como una operación canónica de contrainteligencia, al provocar el descrédito del aparato de información del país al que se pretende atacar, al sembrar la duda sobre sus capacidades: apunta, aquí, al Centro Nacional de Inteligencia español como uno de los objetivos más nítidos de la acción.

Por último, funda su certeza de la planificación del golpe en las distintas oleadas humanas que lo conformaron, para alcanzar el mayor número de migrantes colapsando Ceuta: primero, varones jóvenes pertrechados para poder hacer la travesía a nado, doblegando y cegando la capacidad española de respuesta, y más tarde familias sin medios, más vulnerables, para rematar.

La carta de Marlaska

En la carta, Grande-Marlaska le pide a Francisco Pardo: "De ser cierto lo que se publica, necesito saber desde cuándo disponía la Policía Nacional de esa información, absolutamente esencial para que, con independencia de las diligencias judiciales que puedan practicarse, yo, como Ministro del Interior, pueda ejercer mi responsabilidad y, en definitiva, el Gobierno pueda adoptar las decisiones oportunas en relación con la crisis migratoria de Ceuta, en ejercicio de sus funciones constitucionales de dirección de la política interior y exterior y defensa del Estado".

Añade que: "Se trataría de una información que, habiéndose declarado la situación de interés para la seguridad del nacional prevista en la Ley 36/2015, de Seguridad Nacional, debe ponerse inmediatamente a disposición de los miembros del Consejo de Seguridad Nacional, de la autoridad funcional designada por real decreto del Presidente del Gobierno y de los demás órganos con competencias en este ámbito".

Ello, continúa el ministro del Interior en su misiva, "al margen de las actuaciones judiciales que puedan realizarse, que, de momento, se encuentran en un estadio incipiente y no pueden ser óbice para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado informen inmediatamente al Ministro del Interior, a quien corresponde ejercer el mando superior en materia de seguridad interior".

"Por ello -concluye Grande-Marlaska-, te agradeceré que me informes a la mayor brevedad sobre la veracidad de lo publicado y, en su caso, me hagas llegar la información de la que disponga sobre el particular la Policía Nacional, así como la que pueda conocer en lo sucesivo".