La reforma de la financiación autonómica avanza entre el rechazo autonómico y el bloqueo en el Congreso

La nueva financiación autonómica diseñada por el Gobierno pasa de pantalla en medio de las quejas casi unánimes de las comunidades y con pocas posibilidades de prosperar en el Congreso.

Tras su aprobación este viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde ha salido adelante con los únicos votos de Cataluña y Canarias y el rechazo del resto de territorios, el Ministerio de Hacienda tiene previsto llevarla al Consejo de Ministros en las “próximas semanas”, según ha anunciado el titular de la cartera, Arcadi España.

Después llegará el examen más difícil, el del Parlamento, cuyo resultado no se vislumbra esperanzador para el Ejecutivo. Junts, cuyo apoyo es imprescindible para que la iniciativa se convierta en ley una vez que el PP está enrocado en el no, sigue de momento exigiendo para Cataluña un concierto económico al estilo vasco. Todo lo que no suponga sacar a la comunidad del sistema común, ha recordado la formación independentista, contará con su veto en el Congreso.

Este viernes, Josep Maria Cruset, diputado de Junts per Catalunya en el Congreso, avanzó que su grupo presentará una enmienda a la totalidad al plan de reforma de la financiación autonómica, con el objetivo de aprovechar la “oportunidad histórica que representa la negociación del sistema” para reclamar el concierto y el modelo singular para Cataluña.

“Queremos que el dinero de los catalanes se quede en Cataluña, de la misma manera que el dinero de los vascos se queda en el País Vasco”, resumió Cruset. “Esperamos que los partidos políticos catalanes, los diputados de Esquerra, de los Comuns y de los socialistas, den su apoyo”, añadió a modo de desafío.

El muro de contención que está levantando Junts, junto al bloqueo que trasladan los partidos tradicionales de la oposición, lleva a que el Gobierno central sea consciente de los escollos con los que se va a encontrar en el camino del trámite parlamentario, que cuenta además con una ventana temporal reducida.

El próximo año llega el superciclo electoral —se celebran comicios generales, autonómicos y locales— y la política empieza ya a ponerse en modo precampaña tanto la oposición como para el Ejecutivo. Este no solo pretende avanzar en la reforma de la financiación, sino que insiste en que presentará unos nuevos Presupuestos para 2027 aunque tampoco cuente, por ahora, con los apoyos en el Congreso.

Sin embargo, en el Ejecutivo también confían en poder generar debate y acercar posturas con algunos grupos gracias a las cifras que la propuesta de financiación pone sobre la mesa.

El nuevo modelo, si se aprueba, incrementará en 21.000 millones los recursos que la Administración central pone cada año en la cesta común que nutre de dinero a las comunidades para que puedan prestar los servicios públicos en los que tienen competencias, como la sanidad, la educación o la dependencia.

También contempla, aunque fuera del sistema, la puesta en marcha de un fondo adicional de 3.300 millones de euros que ayudaría a los territorios que reciben menos dinero por habitante ajustado que la media. A ello se suma un nuevo instrumento en el que está trabajando Hacienda, y que se ha acordado en el CPFF de este viernes, que tendría en cuenta las externalidades que genera el turismo masivo en algunos territorios, así como los riesgos derivados de la masa forestal y la ubicación ultraperiférica.

La promesa de este nuevo instrumento permite a Hacienda afirmar que está teniendo en cuenta las peticiones, tan dispares como distinta es la naturaleza de cada territorio, de todos los gobiernos autonómicos. Y a la vez reprochar a las comunidades del PP que detrás de sus críticas a la reforma se esconde su incapacidad para pactar una alternativa común.

El ministerio también cree que la unidad que intentan mostrar las autonomías del PP se resquebraja si se arañan mínimamente algunas de las respuestas oficiales.

Según explican fuentes de Hacienda, el Gobierno valenciano rehusó negociar bilateralmente, pero remitió un documento de alegaciones “con algunos puntos llamativos”, como la afirmación de que la propuesta del ministerio suponía un “gran avance”.

Lamentablemente, afirman en Hacienda, “eso no lo dicen públicamente”. En el departamento que dirige Arcadi España tampoco entienden que la Generalitat valenciana reclame la supresión del fondo climático, cuando es uno de los territorios más expuestos a fenómenos como las danas, o que pida una condonación de la deuda mientras el PP vota en contra de esta medida en el Congreso.

En la misma línea, y para ahondar en las posturas antagónicas de algunos territorios, el ministro explicó que una propuesta de Andalucía sobre población ajustada ―el criterio técnico que permite tener en cuenta en el sistema las casuísticas demográficas de cada región― perjudicaría de lleno a Castilla y León.

Con estos ejemplos, el ministerio insiste en que el rechazo a la reforma expresado por algunas comunidades del PP, sobre todo las peor tratadas por el modelo actual, es inexplicable salvo que responda a consignas políticas dictadas por la sede central del partido en Génova.

“Es palmario que la decisión de votar sí o no es tomada por otros, porque va en contra de sus intereses”, ha afirmado el responsable de la cartera de Hacienda.

Y esta misma lógica aplicada a la arena parlamentaria también invalidaría la negativa de Junts al nuevo sistema, creen en el Gobierno.

Alegan que Cataluña sería la comunidad más beneficiada (junto a Andalucía) de prosperar la iniciativa para tratar de vencer la resistencia de la formación independentista, enrocada hasta ahora en peticiones maximalistas.