La ministra de Sanidad, Mónica García, anunció este lunes la incorporación del aborto farmacológico a la cartera de servicios de Atención Primaria. ¿Qué opinan los profesionales de esta especialidad? La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) considera que la atención primaria puede asumir el aborto farmacológico anunciado, pero reclama que su incorporación a los centros de salud vaya acompañada de formación específica, tiempo de consulta y recursos suficientes.
Lorenzo Armenteros, responsable del Grupo de Trabajo de Salud de la Mujer de SEMG, señala que la medida puede ser una oportunidad para reforzar el papel de atención primaria en la atención integral a la salud de la mujer, pero advierte de que todavía quedan por concretar aspectos esenciales para su puesta en marcha. "Esto ahora mismo es un anuncio", apunta Armenteros, y asegura que la sociedad no ha participado hasta el momento en la definición del modelo. A su juicio, es necesario abrir "de inmediato" una interlocución con las sociedades científicas para establecer cómo se organizará la prestación y qué profesionales participarán en ella.
Por su parte, Nuria Pascual, miembro del Grupo de Trabajo de Atención a la Mujer de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), considera que llevar el aborto farmacológico a primaria supondrá que la cercanía al paciente mejorará la información: "Nuestro principal valor es que podemos aclarar al paciente todas las dudas que tenga, porque le conocemos y confía en nosotros. Qué supone el aborto farmacológico, qué efectos puede tener el fármaco, qué hacer si se presenta una complicación...".
Pero no todo es bueno. La primera cuestión que plantea la SEMG es la carga asistencial. Armenteros sitúa "la sobrecarga sin una dotación adicional" como uno de los principales riesgos de incorporar la prestación a unas agendas que ya están tensionadas. Por ello, reclama que estas consultas sean específicas y queden fuera del cupo ordinario.
En la misma línea se manifiesta Pascual, aunque matiza que en la Comunidad Valenciana, donde ejerce, "la mayor parte de los casos los filtran los centros de planificación familiar". A pesar de ello, reconoce que "la cartera de servicios de atención primaria empieza a parecer un supermercado, hacemos de todo con los mismos recursos".
Además, Armenteros sostiene que, "sin una formación acreditada, sería un riesgo ponerlo en marcha", señala. La sociedad considera necesario establecer un programa formativo para los profesionales y determinar de forma protocolizada quién prescribe, quién realiza el seguimiento y qué papel pueden desempeñar médicos de familia, matronas y enfermería.
Objeción de conciencia
A ello se suma la necesidad de prever la objeción de conciencia. SEMG advierte de que, si no se organiza adecuadamente, podría producirse un acceso desigual a la prestación entre centros de salud. "Es un derecho básico, claro, pero puede derivar en aún más sobrecarga para algunos centros", afirma Armenteros.
Esta medida llega cuando aún está sobre la mesa la modificación de la Constitución para blindar el derecho al aborto "en condiciones de igualdad real y efectiva, con todas las prestaciones y servicios necesarios" y la incomodidad de algunas regiones por la creación de registros de objetores al aborto.
También considera necesario Armenteros concretar los requisitos asistenciales y legales del proceso, incluida la responsabilidad de cada profesional y el consentimiento informado.
Ecografía y circuito de derivación
Otro de los aspectos que, según la SEMG, debe resolverse antes de extender la prestación es la disponibilidad de medios diagnósticos. El modelo requiere confirmar la edad gestacional y descartar una gestación ectópica, además de establecer el seguimiento posterior y la derivación si aparecen complicaciones.
En este sentido, la disponibilidad de ecografía en los centros de salud es actualmente heterogénea, advierte Armenteros. Por eso, plantea que los centros que vayan a asumir esta prestación dispongan de ecógrafos y de un circuito rápido de derivación urgente en caso de complicaciones.
Para esta sociedad científica, llevar el aborto farmacológico a atención primaria tiene ventajas relacionadas con la accesibilidad y con el modelo de atención integral a la mujer que defiende la Medicina de Familia. La sociedad considera que los médicos de Familia pueden desempeñar un papel relevante en el acompañamiento de la mujer a lo largo de las distintas etapas de su vida, pero Armenteros apunta también a un problema estructural de la atención primaria: la pérdida de longitudinalidad (tener al mismo médico de Familia a lo largo de los años) y continuidad asistencial. La rotación de profesionales que se produce en algunos centros, señala, dificulta que una paciente pueda ser atendida de forma continuada por su médico de referencia.
Con la vista puesta en Francia, Canadá, Reino Unido...
La posición de SEMG no es contraria a que el aborto farmacológico se realice en atención primaria. Armenteros subraya que la experiencia de otros países demuestra que puede desarrollarse en este nivel asistencial y considera que se trata de una prestación segura y eficaz cuando se acompaña de los protocolos y recursos adecuados. Francia, Canadá y Reino Unido son algunos de los modelos que cita como referencia, con distintos grados de participación de atención primaria y otros profesionales sanitarios.
"Esto no es una negativa", recalca. A su juicio, la medida puede "prestigiar" a la atención primaria y aumentar su capacidad resolutiva en salud de la mujer, siempre que vaya acompañada de formación, tiempo de consulta, circuitos asistenciales claros y un reparto definido de tareas.
