"Estoy en el hospital Gregorio Marañón. Quiero dar las gracias a todas las personas que han estado conmigo acompañándome en esta etapa de mi vida para defender mi casa", ha agradecido Maricarmen desde el hospital, donde está ingresada tras su desahucio.
"No he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya", continúa para después "dar las gracias a todas las personas, a todos los niños" que han apoyado su causa: "Luchad, no os quedéis en casa. Luchad por vuestra vivienda que tenéis derecho a ella". "Quiero que todos los problemas con los fondos buitres se eliminen de una vez", ha expresado.
"Maricarmen sigue teniendo a disposición su plaza en una de las residencias municipales. Ella decide". Durante toda la jornada de ayer, mientras Maricarmen seguía ingresada en el hospital Gregorio Marañón por un cuadro de agotamiento severo derivado de la ansiedad y el estrés por el desahucio, desde el Ayuntamiento de Madrid, en contacto permanente con el recinto sanitario, insistían en que esa plaza en uno de los tres recursos con los que cuenta el consistorio de la capital seguía a su disposición. Pero esa posibilidad no entra en sus planes: «Ella sigue rechazando a la residencia».
Tras el shock por el esperado desalojo, Maricarmen, de 87 años y con un 50% de discapacidad, pasó ayer su segundo día en una de las habitaciones del Gregorio Marañón. Sobre la mesa sigue también la posibilidad de irse a vivir con unos familiares, cuestión que parecía la más viable durante el pasado miércoles. El caso es que sigue habiendo bastante misterio en torno a sus intenciones y cada vez más ruido político. Ayer mismo hubo una segunda manifestación en contra de su desahucio.
Tras las acusaciones a la Comunidad y al Ayuntamiento -Ayuso y Almeida- desde Nueva York por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el consistorio madrileño respondía enumerando los recursos municipales que tiene a su disposición Maricarmen. A saber: teleasistencia, ayuda a domicilio con un total de 90 horas semanales, terapia ocupacional, fisioterapia preventiva y atención psicológica tanto con los Servicios Sociales del distrito (Retiro) como desde el Área de Políticas Sociales del consistorio madrileño.
"A lo largo de todo este proceso hemos estado pendientes permanentemente de la situación de Maricarmen. Frente a esto, lo que otros han hecho es básicamente casi nada; como la Administración General del Estado", argumentaba ayer la vicealcaldesa y portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Inma Sanz.
Son Samur-Protección Civil y Samur Social, dependientes del consistorio madrileño, quienes se encuentran en "contacto permanente" con el hospital ante cualquier situación que pueda modificarse. Es decir, si decidiera aceptar esa plaza en una de las residencias municipales: Está a su disposición para incorporarse lo antes posible.
Pero alrededor de esta cruda realidad hay también una batalla política que ayer siguió recrudeciéndose. «La resolución judicial que se produce corresponde a una ley del PSOE, también llamada Ley Boyer. Ya está bien de echar responsabilidades a los otros. ¿Para qué tienen un Ministerio de Vivienda? ¿Para qué han creado Casa 47? Si no han hecho absolutamente nada, más allá de prometer un día 180.000 viviendas, otro día 200.000 y otro día 220.000», insistía la propia Sanz, que fue la encargada de levantar la voz desde Cibeles.
A la espera de esa decisión de Maricarmen, en las instituciones madrileñas seguían subrayando una idea: "Hemos sido los únicos que nos hemos ocupado de ella este tiempo".
