Los profesores continuarán con las protestas con las que acabaron el pasado curso escolar en el que sumaron 23 días de huelga. Tras el parón de verano, y para que no quede duda de su determinación en su lucha por mejorar las condiciones de la educación pública, han convocado huelga el 8 de septiembre, primer día del curso escolar.
Una fecha, en efecto, lacerante para el Departament d’Educació que querría empezar el curso con normalidad y, sin embargo, se encuentra con el lance de los docentes, desde profesores de 0-3 hasta los ciclos formativos, pasando por Primaria, Secundaria, el personal de atención educativa y el de ocio, con sus reivindicaciones de más recursos y menos ratios. Coincide, además, con la publicación del controvertido informe PISA del que aún tiene que dar cuentas.
Pero no solo es dolorosa para el Govern. También ensombrecerá la alegría del inicio de curso para niños y adolescentes, preparados con sus nuevas mochilas y libretas, contentos de entrar en su nueva aula, expectantes ante el encuentro del que será su tutor, su guía durante el curso. Para los que empiezan escuela y etapa (3, 6, 12 y 16 años), quizás más inseguros, la falta de profesorado y las pancartas reivindicativas añadirá incertidumbre a un momento en que el orden, las rutinas y las figuras de referencia suelen proporcionar sensación de seguridad.
El Govern se aferra al pacto acordado con CC.OO., UGT y Professors de Secundària y que firmó Ustec, aunque luego no lo ratificó. Cree que, con su despliegue, existe margen para tirar atrás la convocatoria de huelga, algo que los sindicatos como Ustec, mayoritario en el sector, ven deseable pero no posible. La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, pidió esta semana paciencia a la espera de que la titular de Educació, Esther Niubó, anuncie las novedades del curso la próxima semana.
El problema es que el Govern no se enfrenta a una demanda clásica sino a un estado de ánimo colectivo. Una furia eléctrica, alimentada durante años, armada de razones, que difícilmente se transformará en calma.
Con todo, no solo es Catalunya la que arde al rojo vivo. Los profesores de Madrid han anunciado una huelga indefinida a partir del 14 de octubre y se prevén protestas en la Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares o Cantabria. “El curso se inicia con un intenso clima reivindicativo”, apunta la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC.OO., Teresa Esperabé. El enojo augura un otoño de tormentas.
El sector pide reformas estructurales de calado que exigen un vuelco completo en la distribución de las finanzas que gestiona la Administración. El Govern ha aumentado un 25% el presupuesto de Educació e incorporó 2.700 millones en el pacto educativo.
“Las pequeñas propuestas que Educació ha hecho hasta ahora –afirmó la portavoz de la Assemblea Educativa de Catalunya (AEC) en julio– no cambian el día a día en el aula ni mejoran el sistema público: lo mantienen igual, con todas sus carencias”.
Ni siquiera los sindicatos que no supieron leer las causas del enfado, atribuyéndolo al salario, logran jerarquizar las reivindicaciones: la escuela inclusiva, las ratios, el aumento de plantillas, el catalán, el currículum... Ustec trata de recuperar el control de la negociación del conflicto, afectada por el rechazo en la consulta a su principio de acuerdo. La organización afirma haber estado disponible este verano para desencallar la huelga, pero el Govern no los ha convocado.
“Hubo una fase de negociación sindical que finalizó con un acuerdo con cuatro sindicatos no ratificado, pero firmado por Ustec. Estamos en la fase de despliegue del acuerdo. Es el camino a seguir tras firmarlo con tres fuerzas sindicales y la escuela concertada”, quiso encuadrar el marco legal la portavoz del Govern. Lo cierto es que el pacto está firmado y hay unas comisiones de seguimiento en la que solo participan los firmantes.
El Govern tira para adelante el despliegue del pacto educativo. Sus nuevas medidas, como la presencia de enfermeras en la mitad de escuelas de Catalunya, tan reclamada y esperada por el sector, son recibidas como menudencias.
Por otro lado, se está cuestionando los actores que deben participar en discutir asuntos como currículos, catalán o escuela inclusiva ya que no son asuntos solo laborales por lo que no deben estar –o no exclusivamente– en la mesa sindical.
Las familias están preocupadas por el devenir del conflicto –atrapadas, además, entre el apoyo y el rechazo a los 1.348 centros que no harán colonias–. La asociación de familias aFFaC no quiere que todo quede en manos de los sindicatos y piden abrir espacios de diálogo con todos los agentes de la comunidad para fijar temas, calendarios y presupuestos. El Consell d’Educació de Catalunya, que los engloba a todos, está desparecido.
Todo esto sucede mientras el Govern deberá dar explicaciones sobre el estropicio del informe PISA. La investigación abierta en abril aún no ha dado respuesta a los motivos por los que el 23% de los alumnos quedó fuera de la muestra cuando el límite era el 5%. El Parlament tiene previsto votar una solicitud de comparecencia para que el president Salvador Illa dé explicaciones.
