PSOE y Frente Amplio han defendido las prórrogas de los contratos de alquiler y las medidas fiscales adoptadas en los últimos reales decretos de vivienda, mientras que el PP ha apostado por construir un millón de viviendas y Vox ha situado la "remigración" y la reducción de la demanda vinculada a la inmigración entre sus prioridades.
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo (PSOE); el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy (Frente Amplio); el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo; y el portavoz económico de Vox, José María Figaredo, han debatido este viernes en La Sexta sobre temas económicos de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.
Uno de los temas centrales del debate ha girado en torno a la vivienda, uno de los principales problemas de los españoles en la actualidad y que incluso ha sido uno de los motivos de la convocatoria de la huelga general del pasado 11 de noviembre.
Cuerpo ha sostenido que la votación del 29 de noviembre enfrenta "dos opciones" en materia de vivienda y ha advertido de las consecuencias que, según ha señalado, tendría derogar las medidas aprobadas por el Gobierno. En concreto, ha cifrado en 1,9 millones los hogares, unos cinco millones de personas, que pueden beneficiarse de una prórroga de dos años de sus contratos.
El titular de Economía ha rechazado que estas medidas enfrenten a propietarios e inquilinos y ha defendido que los pequeños arrendadores también pueden beneficiarse. Según ha explicado, un propietario que reduzca el alquiler puede incrementar su renta disponible gracias al tratamiento fiscal previsto. "Los dos se benefician de alquilar bien", ha afirmado.
Por su parte, Bustinduy ha vinculado la aprobación del decreto de vivienda con la presión de las movilizaciones sociales y ha agradecido la participación en la huelga general y la implicación de los jóvenes en las protestas por el acceso a una casa.
"Nosotros defendiendo a los inquilinos, a la clase trabajadora, y el Partido Popular y Vox votando a favor de los grandes propietarios y de los fondos buitre", ha reprochado.
Además, ha recordado que Frente Amplio ha propuesto un impuesto a la acumulación de viviendas que, según ha detallado, gravaría a partir de la cuarta vivienda en alquiler con un 10% del valor total del inmueble. Bustinduy ha sostenido que esta medida afectaría al 1% de los propietarios y permitiría movilizar 1,3 millones de viviendas hacia el alquiler asequible.
El titular de Derechos Sociales ha defendido también la construcción de vivienda pública protegida a perpetuidad y ha cuestionado que los jóvenes puedan competir, a los actuales precios de mercado, con fondos de inversión que adquieren inmuebles sin recurrir a una hipoteca.
El PP apuesta por "construir, facilitar y proteger"
En el debate, Bravo ha atribuido la situación de la vivienda a la "mala gestión" del Gobierno y ha resumido la alternativa del PP en tres ejes: "Construir, facilitar y proteger". Según las cifras que ha atribuido al Banco de España, el déficit alcanza las 750.000 viviendas y llegará al millón en 2028 si no cambia el ritmo de construcción.
El dirigente popular ha reiterado su compromiso de impulsar un millón de viviendas durante la primera legislatura y ha defendido cambios en la legislación del suelo, una ley contra la ocupación y medidas fiscales para facilitar el acceso a una casa.
Entre ellas, ha mencionado una reducción del IVA del 60%, rebajas en el impuesto de transmisiones patrimoniales y una "hucha Hogar Joven" con aportaciones anuales de hasta 2.000 euros y deducciones fiscales.
En materia de alquiler, ha propuesto prorrogar voluntariamente los contratos durante tres años mediante incentivos tanto para el propietario como para el inquilino. Bravo ha contrapuesto esta fórmula al "intervencionismo" y ha cuestionado a Cuerpo por un artículo de 2014 en el que, según ha señalado, advertía de que los costes de los controles de alquiler superaban sus beneficios.
Vox sitúa la inmigración en el centro del debate
De su lado, Figaredo ha responsabilizado de la crisis a la combinación de una oferta insuficiente y un aumento de la demanda que ha vinculado a la política migratoria del Ejecutivo. "En España cada vez hay más gente y menos casas", ha sostenido.
