Los sindicatos de la Policía Nacional han reaccionado a las críticas por la intervención de los agentes 'antidisturbios' en el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años con discapacidad que residía en régimen de alquiler en el barrio del Retiro en Madrid, recordando que se limitaron a cumplir con una orden judicial y, a la vez, reclamando que en la investigación que se abra se analicen todas las órdenes recibidas y no sólo "imágenes aisladas".
"Entendemos perfectamente la dureza de las imágenes y que se investigue cualquier posible irregularidad. Pero también pedimos que se escuche a los policías que estuvieron allí, que se analicen las grabaciones completas y que se tengan en cuenta las órdenes recibidas y las circunstancias reales de un dispositivo complejo", han señalado desde el SUP, en referencia a la investigación anunciada desde la Delegación del Gobierno en Madrid.
"No podemos exigir a los agentes que cumplan una resolución judicial y después juzgar su actuación exclusivamente por unos segundos de vídeo, sin conocer todo lo que ocurrió antes", han continuado.
El SUP ha reclamado que, en todo caso, se lleve a cabo una "investigación rigurosa" tras las denuncias del Sindicato de Inquilinas y de otros activistas, políticos o ciudadanos que apuntan a que fueron "gaseados" con espray policial o que recibieron golpes que dejaron "marcas" en la espalda o cabeza cuando trataron de impedir el desahucio.
"Los policías también tienen derecho a la presunción de inocencia y a todas las garantías legales", ha apuntado el SUP tras recordar que ni Maricarmen ni ninguna otra persona son desahuciadas porque lo decida directamente la Policía Nacional.
"La Policía acude a garantizar el cumplimiento de una resolución judicial en una situación especialmente complicada, con una enorme presión mediática y personas que trataban de impedir la intervención", ha continuado el SUP, que ha puesto sus servicios jurídicos a disposición de los agentes que practicaron el desahucio.
Los representantes sindicales de la Policía han recordado que es habitual que los dispositivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) sean cuestionados, como ha ocurrido en Ceuta tras la entrada masiva de miles de migrantes procedentes de Marruecos o como ocurrió en el pasado en dispositivos para prevenir disturbios en el entorno del Congreso de los Diputados o en sedes nacionales de los partidos políticos.
Ante las críticas por "brutalidad policial" de activistas, ciudadanos y políticos que trataron de impedir la actuación de la UIP, fuentes del Ministerio del Interior se limitaron a expresar el miércoles, cuando se estaba produciendo el desahucio de Maricarmen, que la Policía Nacional cuenta con protocolos internos en el caso de que detectara cualquier actuación irregular.
El Gobierno no puede "lavarse las manos"
Para Jupol lo que ha intentado el Gobierno es "lavarse las manos". "Resulta esperpéntico que el delegado del Gobierno en Madrid pretenda desmarcarse de la responsabilidad institucional del operativo para, posteriormente, cuestionar públicamente la actuación de los policías", ha indicado.
"La Delegación del Gobierno afirmó inicialmente que la Policía Nacional actuaba bajo el mandato de la comisión judicial encargada del lanzamiento. Dos días después, el propio delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha anunciado una investigación sobre posibles excesos policiales tras reconocer que hay imágenes del operativo que no le han gustado", ha continuado Jupol.
En este sentido, este sindicato ha reprochado la "hipocresía" del representante del Gobierno en Madrid. "Cuando hay que garantizar que se cumpla una resolución judicial, los policías son necesarios; cuando aparecen imágenes polémicas y sesgadas, algunos responsables políticos parecen querer desentenderse del dispositivo y señalar a los agentes", ha expuesto.
Como es habitual en este tipo de polémicas, los sindicatos han recordado la normativa que fija al delegado del Gobierno como la autoridad política supervisora del dispositivo, bajo la dependencia funcional del Ministerio del Interior.
