El endurecimiento de la política migratoria europea va tomando forma. Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos han acordado este miércoles en Copenhague el “modelo” y la “hoja de ruta” con la que esperan poder cerrar próximamente acuerdos con terceros países para construir los controvertidos centros de deportación fuera de la UE a los que enviar a migrantes irregulares, incluidas familias con menores. Tras un verano en el que la crisis de Ceuta ha dado alas a la línea más dura, hay prisa: según el Gobierno danés, se quiere cerrar el primer acuerdo con uno de los países candidatos a comienzos de 2027 para empezar a enviar a los expulsados antes de que acabe el año que viene.
“En torno a Año Nuevo esperamos cerrar un acuerdo con un país fuera de la UE (…) Nuestro objetivo es estar listos para enviar a las personas que no tienen derecho a estar aquí para finales de 2027”, ha dicho el ministro danés para Inmigración e Integración, Morten Bodskov, tras celebrar una reunión donde se ha acordado también una “hoja de ruta concreta y clara”, en palabras de su par griego, Thanos Plevris, que permitirá “profundizar” las discusiones técnicas con terceros países que ya llevan un tiempo en marcha.
Pese a los reiterados fracasos de ocasiones anteriores, como los intentos de Dinamarca de cerrar un acuerdo con Ruanda, o el centro en Albania que gestiona Italia desde hace dos años con grandes costes y pocos resultados, las nuevas conversaciones son cada vez más “fructíferas”, se ha felicitado Plevris. “Esperamos poder anunciar un país la próxima vez”, ha agregado en rueda de prensa con sus pares europeos, sin revelar nombres de los países candidatos a hacerse cargo de los inmigrantes que Europa no quiere. Los europeos que apoyan los centros de deportación —alrededor de una veintena de los Estados miembros— favorecen sobre todo un país en África.
Bajo gritos de send them back (enviadlos de vuelta) de las facciones más ultras, el Parlamento Europeo dio en junio el visto bueno final al reglamento de retornos que incluye la posibilidad de crear los eufemísticamente llamados return hubs o centros de retorno en terceros países. Con apoyo de las fuerzas conservadoras y las más a la derecha del hemiciclo, la Eurocámara endureció aún más la propuesta original para incluir entre los deportables, por un tiempo que nadie precisa, a familias con menores. Poco después, 19 Estados miembros, encabezados por Dinamarca, Italia, Países Bajos y Austria, pidieron por carta a la Comisión Europea que apoye financieramente esos polémicos centros, que llaman “soluciones innovadoras”. El Ejecutivo europeo ha estado presente “a nivel técnico” en la reunión de Copenhague.
La crisis de Ceuta ha reforzado todavía más la posición de los países más duros ahora reunidos en la capital danesa, y que ya mantuvieron una discusión por videoconferencia tras la oleada de migrantes irregulares que inundó la ciudad autónoma española a finales de julio. “Los acontecimientos de los últimos días ponen de relieve la necesidad y la importancia de este grupo”, afirmó entonces el ministro austriaco de Interior, Gerhard Kartner. “Nuestro objetivo común es reducir a cero la inmigración ilegal”, ha dicho ahora desde la capital danesa.
Con el reglamento de retornos “establecimos la base legal para soluciones nuevas e innovadoras”, ha dicho el comisario de Migración, el también austriaco Magnus Brunner, en un comentario enviado a periodistas en el marco de la nueva cita danesa, en la que el Ejecutivo europeo ha estado presente a “nivel técnico”, según Bruselas. “La repatriación solo funciona si actuamos con coherencia. El hecho de que los Estados miembros se coordinen estrechamente y abran nuevos caminos juntos es una señal importante”, ha agregado Brunner.
El danés Bodskov ha rechazado las críticas de organizaciones de derechos humanos e instituciones internacionales como el Consejo de Europa, cuyo comisionado para derechos humanos, Michael O’Flaherty, ha advertido de que Europa se arriesga con los centros de deportación a “crear un agujero negro de derechos humanos”.
“La prensa habla de campos o prisiones, no es eso. Se trata de un acuerdo con un país asociado que le da una nueva oportunidad en ese país a quienes no tienen derecho a quedarse en Europa”, ha afirmado, subrayando que organizaciones como ACNUR estarán monitorizando los centros “desde el primer día”. “Necesitamos soluciones futuras”, pero “queremos hacerlo de acuerdo con los valores de la UE”, ha insistido el ministro de Asilo y Migración de los Países Bajos, Bart van den Brink, según el cual el acuerdo ahora alcanzado permitirá “profundizar” las discusiones técnicas con los países candidatos y enviar misiones para garantizar un “marco legal” adecuado.
