Colapso en el servicio de ITV en la Comunidad Valenciana: transportistas denuncian pérdidas

«El problema es que, al no haber citas, tenemos que pasar la ITV fuera de la Comunidad Valenciana. Estamos aquí pagando impuestos y lo que tocaría es tener un servicio en condiciones». Quien habla es Juan Ortega, CEO de Transportes Generales Ortega, cuyas palabras resumen el malestar de los transportistas con el atasco del servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV). La Federación Valenciana de Transporte y Logística (FVET) habla directamente de «colapso» y pide al Gobierno valenciano un cambio de modelo que acabe con flotas de camiones inmovilizados a la espera de poder pasar la ITV.

«El cambio de modelo es imperativo», afirma el presidente de FVET, Carlos Prades. La organización empresarial, de hecho, ha alertado de que las empresas «están afrontando costes fijos sin generar ingresos». La pérdida de ingresos se estima en una media de 600 euros por camión al día. Así que la pregunta es: ¿qué está pasando con el servicio de la ITV en la Comunidad Valenciana?

Si le preguntan a Prades por la radiografía del problema, responde así: «Sería una de estas en las que se ve todo negro. El médico mira la radiografía y no ve nada. El servicio de la ITV lleva años fallando, pero el punto de inflexión dramático se produce cuando el anterior Gobierno autonómico decidió revertirlo». El presidente de FVET se refiere a la decisión del anterior Ejecutivo de Ximo Puig. PSOE y Compromís -que dirigía la Consejería de Economía- pactaron devolver a la gestión pública el servicio tras el fin de la concesión privada.

La promesa electoral de 2019, sin embargo, no se materializó hasta febrero de 2023, es decir, a las puertas de las elecciones autonómicas de aquel año. Aquello provocó incluso tensiones internas en el Gobierno valenciano por la precipitación con la que se tuvo que rematar un proceso jurídicamente complejo y que implicaba para la Administración tener que asumir una plantilla de más de un millar de trabajadores. Pero, especialmente para Compromís, la reversión del servicio tenía una fuerte carga simbólica. El objetivo era devolver a la gestión pública un servicio privatizado por el PP de Eduardo Zaplana, que fue condenado precisamente a 10 años de prisión por el cobro de comisiones y el amaño de las adjudicaciones de las estaciones de ITV.

Así que fue el Gobierno del PP el que en 2023 tuvo que hacerse cargo del regalo envenenado. Hasta el punto de que la Consejería de Industria, de la que depende la empresa pública Sociedad Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos (Sitval) que se creó para la reversión, no niega ni mucho menos el problema. Fuentes del departamento que dirige Marián Cano admiten que «el actual modelo es un lastre». Apuntan, de hecho, a que ninguna empresa pública de ITV en España funciona bien.

En el caso de la Comunidad Valenciana, pese a las inversiones y puesta a punto del servicio, la realidad es la que dibuja un mapa de acceso público sobre las citas previas. La web de Sitval suele presentar a la provincia de Valencia pintada de rojo. Esto significa que en la mayoría de sus estaciones es imposible coger una cita previa para pasar la inspección antes de 45 días.

Fuentes de Industria apuntan a una «reversión muy compleja» en la que estaban implicadas hasta siete empresas concesionarias diferentes. Cada una con sus convenios y sus propios trabajadores. Ha sido la actual Administración autonómica la que ha tenido que rematar el proceso de equiparación salarial prometida por el anterior Gobierno. En cuanto a la adscripción de las estaciones a Patrimonio de la Generalitat, ni siquiera se ha completado, y no ha sido hasta ahora cuando la Consejería ha podido aprobar una oferta de empleo público para 73 nuevos puestos de inspector de ITV con los que se reforzará la plantilla.

«El servicio no es óptimo», reconocen en Industria, donde tampoco niegan la pérdida de ingresos para la Administración autonómica. Al menos, los que se obtendrían con los vehículos que, pudiendo pasar la ITV en la Comunidad Valenciana, prefieren hacerlo fuera. De los 2,5 millones de vehículos que tienen que pasar la inspección, por las estaciones valencianas únicamente pasan 1,9.

«Los que estamos en Valencia y cubrimos rutas nacionales o internacionales tenemos que ir a Murcia o a Cuenca a pasar la ITV, pero los camiones de reparto o los autobuses escolares, que no salen de la provincia, no tienen margen para pasar la ITV en otra comunidad», confirma el responsable de Transportes Generales Ortega. «Un camión grande se compone de dos vehículos, la cabeza y la plataforma. Como ambos tienen que pasar la ITV, si yo tengo 100 camiones, debo pasar 200 inspecciones. En el caso de los vehículos industriales, a partir de los 10 años hay que pasarla cada seis meses, por lo que te puedes encontrar con camiones para los que hay que hacer cuatro ITV al año», insiste Ortega.

Según una encuesta de la FVET, «la pérdida de competitividad es un problema para el 64% de las empresas valencianas que tienen al menos dos vehículos en espera al año». La media de espera para conseguir una cita para pasar la ITV es de dos meses, lo que para la organización empresarial son «tiempos de espera inasumibles que bloquean la cadena logística». Más de la mitad de las empresas encuestadas afirmaba tener o haber tenido vehículos de su flota parados por carecer de la ITV vigente. El 78,5% de los transportistas, tal y como señalaba Ortega, se ha desplazado a otras comunidades para pasar la ITV y evitar sanciones.

Pese a ello, el presidente de FVET aclara que los transportistas han evitado reclamar una nueva privatización del servicio. «No queremos perjudicar a nadie», destaca Prades, para quien la Administración podría optar por un «modelo mixto». Es decir, manteniendo como servicio público lo que ya se revirtió, pero ampliándolo a través de la colaboración con el sector privado. En definitiva, un sistema público-privado que elimine los cuellos de botella. Por ejemplo: «¿Por qué no se puede autorizar al taller de un concesionario oficial a pasar la ITV?», se pregunta Prades.

En la Generalitat confirman que «se buscan fórmulas para mejorar la gestión», aunque sobre la mesa no está en ningún caso otra reversión del servicio de ITV. Se barajan, eso sí, «fórmulas mixtas». Pero tampoco está clara la figura jurídica con la que acometer este cambio que, en todo caso, no sería a corto plazo. Las trabas burocráticas para ampliar la plantilla o para abrir nuevas estaciones de ITV son solo algunos de los obstáculos con los que se han topado los actuales gestores.

De hecho, el anterior Ejecutivo de izquierdas comunicó formalmente a las empresas en 2021 que no prorrogaría las concesiones de 25 años. No fue hasta 2022 cuando se creó finalmente Sitval para acometer el traspaso entre febrero y marzo de 2023. Las concesionarias no lograron que los tribunales frenaran una reversión que, a día de hoy, sigue sin estar completamente resuelta.