El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha confirmado esta noche en RTVE que el Gobierno se personará en la causa penal de Ceuta. Esto sucede después de que la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón haya dado un paso al frente para iniciar una investigación penal por un presunto delito contra la paz o independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en conexión con los de homicidios imprudentes, así como de organización criminal, por la entrada masiva de cerca de 80.000 personas desde Marruecos a Ceuta los días 30 y 31 de julio. Aquello, dice, no se produjo por “generación espontánea”, sino que fue un plan preparado y coordinado. ¿Por quién? Eso está todavía por ver para la magistrada que ya ha dado sus primeras pinceladas al apuntar al uso de migrantes de manera masiva para dejar a un Estado sin capacidad de reacción, propio de un ataque dentro de la “guerra híbrida”.
“Se ha evidenciado una clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos (...)”, espeta en el auto. A su juicio, está evidenciado por el comportamiento de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos, “profusamente” documentado en el informe policial aportado en la causa, además de a través de redes sociales. La actitud de la policía marroquí de “permisividad” –recoge– fue de “guiado activo”.
Este tipo de actuaciones son propias de Estados, organizaciones criminales u organizaciones terroristas cometidas contra Estados y este es el marco en el que se mueve Tardón. En el auto, por el que acuerda la admisión a tramite de varias querellas y por tanto la apertura de una causa penal, la magistrada no establece presuntos autores de este ataque, aunque sí apunta ya al papel de las fuerzas de seguridad marroquíes no solo por permitir la entrada en Ceuta, sino ayudando a la gente a cruzar a nado y a pie.
La instructora señala la pasividad con la que actuaron las fuerzas de seguridad marroquíes
La resolución judicial califica ejemplos de “guerra híbrida” “paradigmáticos” como los de Rusia en la guerra contra Ucrania y los países que la apoyan o el del Estado Islámico. Este último, explica la jueza, combina los ataques militares en territorios ocupados en Siria e Irak con la utilización de las redes sociales para el adoctrinamiento y la captación de miembros a través de internet y su activación como terroristas en Occidente.
“Pues bien, la utilización de flujos migratorios es uno más de los métodos utilizados en esta denominada ‘zona gris’ en la que se pueden producir ataques a los Estados, en muchas ocasiones combinando las llamadas en internet con la desinformación en las redes sociales” desde el extranjero, tal y como ha ocurrido en Ceuta. De ahí, que la Audiencia Nacional, a través de este auto, se declare competente para investigarlo.
Para llegar a esta conclusión además de basarse en el informe policial entregado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), también hace mención a la Estrategia de Seguridad Nacional en la que se establece que Ceuta y Melilla, por su localización geográfica en el continente africano y por la especificidad de su frontera española y europea, requieren de una especial atención para garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos. “Precisamente porque pueden ser objeto de la utilización de los flujos migratorios irregulares para desestabilizar la Seguridad Nacional”, recoge. Tardón dice que detrás de esta actuación había intencionalidad de atentar contra el Estado, vulnerando su integridad territorial, “como bien señaló el presidente del Gobierno quien, durante su visita a Ceuta el día 31 de julio, cuando definió los hechos como “un ataque, una violación de la integridad territorial de España”.
“Quien lo orquestó tenía como objetivo desestabilizar el sistema de capacidades de respuesta español”, según la jueza
Quien lo orquestó, según la jueza, tenía como objetivo desestabilizar el sistema de capacidades de respuesta de España tanto en la seguridad, en la sanidad o defensa, al igual que en el plano geopolítico, Pero además, se hizo utilizando una masiva campaña de desinformación a través de las redes sociales y “con absoluto desprecio para la vida de las personas más vulnerables” a quienes se empujó a lanzarse al mar sin la ropa ni los medios adecuados, provocando la muerte de 83 personas.
