El Partido Popular diseña una estrategia de cautela ante la desclasificación de informes sobre Ceuta

La desclasificación de los informes realizada por la Moncloa sobre las alertas previas a la invasión de Ceuta es solo el principio de una larga crisis que, en el Partido Popular, creen terminará por desgastar al Gobierno tanto en el plano político como en el judicial. Por ello, Alberto Núñez Feijóo ha trasladado una orden expresa a todos sus barones y miembros del comité de dirección de actuar con serenidad y prudencia, sin improvisaciones y sin errores comunicativos que puedan hacer perder al principal partido de la oposición un discurso muy bien atado. Las filas populares "fijarán postura" cada día, pero con declaraciones medidas desde la dirección nacional. La línea argumental del líder de la oposición se basa en la convicción de que saldrán a la luz más revelaciones sobre las alertas previas a la entrada masiva.

Desde que el Gobierno publicase los documentos el pasado miércoles, varias voces del Partido Popular han sugerido abiertamente que existen más comunicaciones de los servicios de inteligencia y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que advertían de una entrada como la que finalmente se produjo. La portavoz del partido en el Congreso, Ester Muñoz, sembró la duda sobre el contenido de los documentos que aún no se han hecho públicos apenas unos minutos después de que la Moncloa desclasificara los archivos: "Si esto es lo que ha sacado el Gobierno que cree que no le afecta, no nos podemos imaginar todo lo que hay que no han desclasificado", afirmó. En Génova percibieron esta posibilidad desde el primer momento y, desde entonces, otros miembros del partido insisten en privado en que faltan más escritos por conocerse y que su contenido podría ser incluso más grave que el de los ya desvelados.

Lo que hizo el Gobierno el miércoles pasado es, para el PP, "una voladura controlada" pero no dudan de que "tendrá nuevas derivadas" porque están convencidos de que el Ejecutivo está midiendo a cuentagotas sus reacciones aun a sabiendas de que "toda la información" de la que disponen "va a salir". Sustentan esta percepción en que, tras la investigación abierta en la Audiencia Nacional, la actividad de algunos miembros del Consejo de Ministros parece centrarse más en su defensa judicial que en la política. De hecho, Feijóo ya sugirió a Fernando Grande-Marlaska durante la comparecencia extraordinaria sobre la gestión de la situación en Ceuta por parte de Sánchez que estaba actuando "por consejo de sus abogados".

En el PP dan por descontadas las responsabilidades políticas y, cada vez más, también las judiciales. Ahora, sostienen fuentes populares, "los mandos de Interior y Defensa están compitiendo entre ellos por ver quién tiene la responsabilidad judicial" al no haber atendido las advertencias previas y por las muertes que se produjeron durante el asalto a la frontera. En esa línea interpretan las declaraciones de Margarita Robles en la comisión, donde defendió que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) hizo la labor que le es "exigible" en relación con la inmigración irregular, aseverando que "compartieron la información". Del mismo modo, apuntan a la carta que emitió Marlaska al director de la Policía Nacional para solicitar explicaciones sobre la existencia del informe que remitió el cuerpo a la jueza de la Audiencia Nacional. En dicha misiva, el ministro afirmó no tener constancia de documento alguno que atribuyese a Marruecos la autoría o coordinación de la avalancha de personas. Ambos son "movimientos dirigidos en busca de protección en el ámbito penal", insisten desde Génova.

Ante esta guerra interna abierta en el seno del Gobierno, el PP apuesta por la cautela y la coordinación interna para maximizar el impacto de sus críticas. Por eso Feijóo envió un mensaje a todos sus barones y su comité de dirección: no quiere que se concedan "entrecomillados brillantes" a los medios de comunicación que desvíen la atención del desgaste que, a su juicio, está sufriendo el Ejecutivo por la gestión de la situación en la ciudad autónoma. Se trata de una estrategia similar pero aún más medida que la que siguieron cuando comenzaron las diversas causas judiciales que afectan al entorno de Pedro Sánchez y su partido. De hecho, Génova considera que el Ejecutivo está en un "momento de debilidad extrema", y cree que en ese contexto no hay margen para la improvisación por parte del principal partido de la oposición, que aspira a convertirse en una alternativa de gobierno.

Aunque no dejan de exigir a Sánchez que disuelva las Cortes y convoque elecciones, lo cierto es que en el Partido Popular ya no hay prisa por una cita inmediata con las urnas. El asunto ceutí, sostienen, "pone de acuerdo a todos los partidos contra medio Gobierno", es decir, contra la parte socialista de la coalición, porque consideran que "hasta Sumar duda del papel de Marruecos" en lo ocurrido en Ceuta. Así que creen que todo lo que se vaya conociendo ahondará en el deterioro de las relaciones entre el Ejecutivo y las formaciones políticas que respaldaron su llegada a la Moncloa. El propio Gabriel Rufián, portavoz de ERC, preguntó a Sánchez con quién "iba a sumar" para revalidar la presidencia, pues a él "no le salen los números" a la vista de varios sondeos que atribuyen a la suma de PP y Vox una mayoría superior a los 200 escaños.