El último pleno del Congreso es una de las sesiones parlamentarias de más alto voltaje que han tenido lugar en España en los últimos años. El presidente del Gobierno comparecía, a petición propia, para informar sobre la situación en la ciudad autónoma de Ceuta. La oposición le esperaba para acusarle de “traición”, y ninguno de sus aliados parlamentarios, aliados próximos o más lejanos, estaba dispuesto a darle pleno apoyo. El día anterior habían tenido lugar numerosas manifestaciones en los principales municipios de España en señal de solidaridad con Ceuta. Convocadas por el Partido Popular y Vox, esas manifestaciones se convirtieron en un grito de protesta contra el Gobierno.
Áspero, duro, tenso, fue un debate parlamentario interesante, al menos por un motivo: todas las posiciones se expresaron con claridad y crudeza. Nadie podrá decir que el pálpito de la sociedad no llega al Parlamento español. Todos dentro. Ninguna posición relevante se halla hoy excluida del juego parlamentario. Pedro Sánchez se ha quedado solo en la crisis de Ceuta porque su prudencia con Marruecos no está alineada con el sentir mayoritario de la sociedad.
La derecha le acusa de “traición” (Vox) o de actuar bajo chantaje de Marruecos (PP). Sus aliados parlamentarios —los permanentes y los circunstanciales— le reprochan demasiada condescendencia con el régimen marroquí. Son minoría quienes le conceden el beneficio de la duda o admiten públicamente que la prudencia es hoy la mejor receta para no empeorar las cosas en Ceuta y en toda España, puesto que Marruecos es un país clave para el control de los flujos migratorios, como lo son Libia y Túnez para Italia, como lo son Turquía y Egipto para Grecia.
A las diez de la mañana del jueves, cuando el jefe del Ejecutivo estaba terminando su intervención inicial, apareció una noticia urgente en los teléfonos móviles: en aguas cercanas a las islas Canarias se había localizado una embarcación a la deriva de la que habían muerto ochenta de sus 120 ocupantes iniciales, durante una travesía de veintiséis días desde Gambia. Esta pequeña nación atlántica se halla al sur de Senegal, no muy lejos de Mauritania, el país “tapón” que en estos momentos colabora con España, previo pago, para evitar una masiva llegada de inmigrantes africanos a las islas Canarias por vía marítima. La embarcación salió de Gambia a principios de agosto, se perdieron en alta mar y solo cuarenta de sus ocupantes fueron rescatados con vida por los servicios de Salvamento Marítimo. Ochenta muertos, entre ellos varios niños. Es una cifra que viene a representar más de la mitad de las personas que murieron los días 30 y 31 de julio cuando intentaban llegar a nado a Ceuta desde Marruecos. Doscientos veinte muertos entre uno y otro episodio. Esos muertos ocupan hoy un lugar casi invisible en el enardecido debate público español. Apenas se habla de ellos, pero son testimonio de una realidad dramática, de muy difícil solución.
Millones de personas quieren marchar de África en busca de un futuro mejor, y en Europa cada vez más gente se está poniendo nerviosa ante el crecimiento de la población inmigrante. El Gobierno de la primera potencia del mundo, Estados Unidos, azuza ese miedo y dice a los europeos que su civilización puede desaparecer. Las estadísticas, sin embargo, sostienen que la llegada irregular de inmigrantes está disminuyendo en la Unión Europea en lo que va de año, exceptuando el reciente acontecimiento de Ceuta, indudablemente provocado.
Los cruces fronterizos irregulares hacia la UE bajaron un 40 % en los primeros cuatro meses del año en comparación con el mismo periodo anterior, según datos de la agencia europea Frontex. La ruta que más ha bajado es la de Canarias, con una disminución del 78%. Imaginemos por un momento que la actual crisis de Ceuta coincidiese con una masiva llegada de cayucos a Canarias.
Marruecos también incide en la ruta del Atlántico: puede contribuir al control o relajarlo; puede extremar la vigilancia en las costas del Sáhara Occidental o puede disminuirla; puede influir en Mauritania; puede influir en Senegal, puede influir en Gambia… Con el apoyo de Estados Unidos e Israel, Marruecos va en camino de convertirse en uno de los países más potentes del norte de África, con creciente influencia en la costa atlántica africana y en la franja del Sahel, región de la que Francia ha sido expulsada en los últimos años y en la que Rusia ha aumentado su presencia militar a través de mercenarios.
Hay que ver el mapa para entenderlo mejor. Herencia de un pasado lejano, España conserva dos ciudades en el marco territorial de un país norteafricano que va en camino de convertirse en una fuerza clave en la muy poblada costa atlántica y en un posible vigilante de la región del Sahel. La diferencia de renta entre Marruecos y España es de 1 a 8, si comparamos el PIB per capita nominal. Es un país que presenta muchas contradicciones internas, es un país con tensión social, pero con una potencialidad muy fuerte que Estados Unidos e Israel están tutelando. Leer estos días en las redes sociales y en algunos medios de comunicación a ciertos personajes que fantasean con una guerra entre España y Marruecos a propósito de Ceuta y Melilla provoca estupefacción. No saben lo que dicen. No saben en qué mundo viven. Digámoslo todo: no es fácil hoy en día saber en qué mundo vivimos.
El debate parlamentario no fue amable con Marruecos, pero tampoco fue una declaración de guerra. La opinión pública está soliviantada y hay pulsiones anti marroquíes en la sociedad española que vienen de antiguo y que van de derecha a izquierda. Las guerras de antaño, el trauma del Sahara Occidental en 1976, la crisis del islote de Perejil, el giro en relación al Sáhara en 2022. Todavia hoy unos 3.000 niños saharauis viajan cada año a España en verano invitados por familías españolas.
El pragmatismo de Sánchez se ha quedado solo entre esas corrientes emocionales con base histórica. Si a ese pragmatismo le añadimos la sensación de indolencia que transmitió el empeño de no suspender sus vacaciones, aunque estuviese permanentemente comunicado con sus ministros, nos hallamos ante su peor momento político en ocho años; peor que los momentos Ábalos, Cerdán, Leire Díez y Zapatero, que ya es decir.
Hay quien ya lo da por muerto, pero quizás sea esta una apreciación arriesgada. “La noticia de mi muerte es un tanto prematura”, dijo en 1897 el escritor Mark Twain, hallándose en Londres, cuando los rumores sobre su deceso empezaron a circular por Estados Unidos.
Podemos estar seguros de que los dos principales partidos de oposición en España no dan por muerto a Sánchez. Tanto es así que ambos desearían que fuesen los jueces los que le diesen la puntilla. Así lo expresaron con meridiana claridad en el debate del jueves. Vox aspira a que el presidente sea procesado por el Tribunal Supremo por “alta traición” mediante el artículo 102 de la Constitución, el cual regula la responsabilidad penal de los miembros del Ejecutivo. El PP prevé otro camino desde la Audiencia Nacional.
El citado artículo 102 dice lo siguiente: “1) La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 2) Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo. 3) La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo”.
Hacen falta 88 diputados para plantear la cuestión. Vox sólo tiene 32 escaños en la actualidad. Debería recibir apoyo del Partido Popular para poder presentar la iniciativa, y el PP en estos momentos no contempla esa vía. Sería necesaria la mayoría absoluta de la cámara para trasladar la acusación al Tribunal Supremo, cuya Sala Segunda que debería abrir una investigación y someter el presidente a juicio si viese indicios de culpabilidad. Con la actual aritmética parlamentaria, esa mayoría sólo podría alcanzarse con el voto favorable de Junts per Catalunya. Carles Puigdemont (¡Puigdemont a prisión!’), tendría la llave de la más grave acusación contra Sánchez. Estaremos de acuerdo en que la actual legislatura es rica en paradojas delirantes. Es un camino de muy difícil recorrido, pero Vox la plantea para obtener visibilidad política. La pancarta es vistosa y permite colocar al PP en un brete: lo apoyas o no lo apoyas.
La vía del artículo 102, sin embargo, no es un hallazgo de Vox. La hipótesis de un impeachment a la española fue planteada en un artículo de prensa el pasado mes de junio por el jurista Pedro Cruz Vilallón, que fue presidente del Tribunal Constitucional entre 1998 y el 2001, coincidiendo con el mandato de José María Aznar. La idea tuvo eco en circuitos de opinión de Madrid y ha acabado en manos de Vox.
Abascal considera que Sánchez ha cometido “alta traición” porque habría tenido conocimiento previo de una masiva avalancha humana en la frontera de Ceuta sin dar órdenes para evitarla o intentar frenarla. El Gobierno, como es sabido, sostiene que no tuvo informes que lo avisasen de una avalancha masiva y acelerada. Sánchez de comprometió el jueves a publicar en los próximos días un dossier con todos los informes recibidos en los días anteriores. Esa publicación se efectuará muy posiblemente la próxima semana, Hay tensión en el ministerio de Defensa por los documentos del Centro Nacional de Inteligencia que puedan aparecer en ese dossier público. El jueves, la ministra de Defensa, Margarita Robles, se mantuvo sentada en el banco azul del Gobierno, mientras los demás ministros se ponían en pie para aplaudir la iniciativa anunciada por el jefe del Ejecutivo.
Alberto Núñez Feijóo sabía que Santiago Abascal iba a plantear la activación del artículo 102, puesto que Vox llevaba semanas haciendo suya la sugerencia del magistrado Cruz Villalón. El jefe de la oposición introdujo una velada mención al Tribunal Supremo en su intervención. Dijo lo siguiente, mirando a Sánchez: “Míreme, usted lo va a pagar, en las urnas y ante la justicia”. Y añadió: “Sí, la responsabilidad judicial se dirimirá durante la causa que ya está abierta en la Audiencia Nacional, y en la que mi partido ya se ha personado y, probablemente escale ante el Tribunal Supremo”.
Es decir, el Partido Popular confía en que la investigación que ha iniciado la juez María Tardón en la Audiencia Nacional pase al Tribunal Supremo y alcance al jefe del Ejecutivo. (La juez María Tardón fue concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid entre los años 1999 y 2003, periodo en el que se hallaba en excedencia de la carrera judicial. Posteriormente se incorporó a la Audiencia Nacional).
La Sala Segunda del Supremo procesaría a Sánchez y pondría punto final a la legislatura, en la medida que nadie se atreve a presentar una moción de censura. Nadie habla de moción de censura estos días, en medio de acusaciones de extrema gravedad contra el jefe del Ejecutivo. Estaremos de acuerdo en que el pleno del jueves fue muy instructivo.
