La crisis en Ceuta pone a prueba la nueva política migratoria de la UE y debilita al Gobierno de Sánchez

La crisis en Ceuta no es solo migratoria, pero también es migratoria y ha supuesto la primera gran prueba para las nuevas políticas de la Unión Europea. Se mezclan la cuestión geopolítica con un test para las medidas más ortodoxas que quiere aplicar el bloque comunitario... y que España acepta a regañadientes. Esa paradoja deja al Gobierno de Sánchez en una posición delicada; débil, asolado por las marchas ciudadanas en toda España y sin reacción mientras señala a Rusia o Israel, apoyado en informes por ejemplo de la Comisión Europea, que dice que Tel Aviv y Moscú buscan "sacar partido" de la crisis pero no son los causantes de la misma.

Por una parte, está la cuestión estratégica, con un ejercicio de presión sobre territorio español. Moncloa no quiere señalar a Marruecos, pero PP y Vox aseguran que se trata de "una invasión" y un órdago a la integridad de España. El Gobierno se enzarza entre informes policiales y declaraciones públicas para evitar poner el foco sobre Rabat. Ahora, la clave para la UE pasa porque esta escalada no es solo sobre España, sino -y sobre todo- sobre la frontera sur de la Unión; en Bruselas, no obstante, no hay casi nadie que esté tratando el asunto como una cuestión comparable a Groenlandia o al empuje de Bielorrusia y Rusia sobre la frontera este.

"La frontera sur es tan importante como las demás", avisó esta semana el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, pero fuentes diplomáticas de otros países consultadas por este medio creen que se trata más de un asunto interno que de una cuestión de "vida o muerte" para la Unión Europea. Al mismo tiempo, reconocen que si el Gobierno de Sánchez no señala directamente a Marruecos es muy complicado que los socios europeos puedan hacerlo. Sí entienden las fuentes que el momento actual deja en una situación de debilidad al Ejecutivo en el marco de la UE, especialmente tras las tensiones con Italia.

La otra pata es la migratoria basada —bajo el nuevo paraguas aprobado el pasado mes de julio— en los retornos más rápidos y una política de asilo más exigente. En ese nuevo escenario, España ha sido identificada oficialmente como un "Estado miembro bajo presión migratoria", precisamente por las entradas a través de Canarias, Ceuta o Melilla. Esta etiqueta permite al país ser beneficiario del nuevo mecanismo de solidaridad obligatoria, que asegura que los Estados miembros reciban el apoyo necesario. El sistema ofrece flexibilidad a los socios europeos, quienes pueden elegir entre realizar reubicaciones de migrantes, aportar contribuciones financieras o brindar apoyo operativo.

El control tecnológico será otro pilar fundamental con la expansión de Eurodac, que se convierte en una base de datos de asilo y migración integral. Este sistema ya no se limitará solo a solicitantes de protección, sino que recogerá datos de todas las personas que entren de manera irregular a Europa. Esas entradas masivas abren la puerta a devoluciones aceleradas: de hecho, en lo relativo a Ceuta, Bruselas ya ha dejado claro que el derecho europeo recoge la posibilidad de acelerar las devoluciones incluso de los menores no acompañados. Eso se apoya tanto en la nuevo reglamento de retorno como en la directiva que existe sobre el tema desde el año 2008; su artículo 10 especifica que los menores pueden ser retornados siempre y cuando se asegure que vuelven con sus familias o sus tutores legales. Asimismo, se especifica que cada caso tiene que estudiarse de manera individualizada.

Adrián Caballero, politólogo y profesor asociado en la Universidad Autónoma de Barcelona y director de Simple Política, explica a 20minutos que para empezar el Gobierno "ha apostado por un tipo de políticas migratorias y ahora se ve obligado a aplicar otras" con las que no está de acuerdo. Además, insiste en que al Ejecutivo esto le ha cambiado la agenda: "No se esperaban este otoño". Y tampoco está sabiendo abordar el asunto, dice Caballero, desde el punto de vista estratégico porque no ha conseguido el llamado rally around the flag, es decir, que todos cierren filas con España ante una crisis.

"No se quiso señalar a Marruecos por los motivos que sean", recuerda el profesor y con esos tumbos sobre los responsables de la situación Moncloa "ha perdido el control sobre la agenda". A eso hay que unir que "se tendrán que contradecir", teniendo que aplicar políticas migratorias "de mano dura", las mismas que Sánchez lleva años rechazando. "En otros temas quizá no necesite contradecirse, pero en este va a tener que hacerlo", prosigue; la migración convirtió a Sánchez en un verso suelto en la UE, pero la crisis en Ceuta le desplaza, reconocen los expertos, hacia tesis igual de duras que las que defienden Italia, Alemania o Dinamarca, entre otros. "Si el Gobierno de Sánchez prometiese y construyese de hoy para mañana un millón de viviendas de protección oficial y entregase en mano todas las llaves pasado mañana, aun así no dominaría la agenda y se estaría imponiendo Ceuta y la cuestión migratoria", sentencia Caballero.

En su comparecencia en el Congreso de este jueves, el jefe del Ejecutivo quitó la responsabilidad, de nuevo, a Marruecos, y aseguró que sin su colaboración "hubiera sido imposible" controlar la situación. "No se ha podido determinar si hubo detrás de las llamadas perfiles asociados a los estados de Marruecos, Rusia o Israel. Esto de momento es descartado por nuestros servicios de inteligencia. Sí parece que hubo mafias que se aprovecharon", añadió desde la tribuna, antes de sentenciar que el Gobierno compartirá "toda la información" porque no tiene, dijo, "miedo a enfrentarse a poderes extranjeros".

Asumió, eso sí, que la cooperación con Rabat "tiene que se diferente" tras lo sucedido, y lanzó un mensaje también en clave migratoria. "Vamos a reforzar nuestra frontera. Desde que llegamos al Gobierno hemos aumentado la financiación. Tenemos presupuestados otros 100 millones de euros para ambas fronteras. En el caso de Ceuta queremos alargar los espigones, ampliar el sistema de vigilancia y adquirir nuevas embarcaciones", esgrimió. Al mismo tiempo, Sánchez ha recibido la presión de su socio de coalición, Sumar, que ha manifestado su rechazo a los anteproyectos de ley que el Ministerio del Interior prepara para agilizar las devoluciones de inmigrantes irregulares y ha afeado una vez más al PSOE su insistencia e exculpar a Marruecos de la entrada masiva.

Por su parte, Daniel Gil, analista en The Political Room especializado en asuntos europeos, sostiene que "hemos visto hablar de ataques a la soberanía. Hemos visto hablar de guerra híbrida, de inmigración, de tráfico de personas. Pero no se ha concretado nada". Pero la cuestión, advierte, va más allá. "Aquí hay una cuestión en la que la Unión Europea ni tiene ni quiere tener estrategia migratoria más allá de la externalización de sus fronteras, y esto no es nuevo", comenta, por mucho que se cambie la estrategia migratoria. De este modo, Gil responde a tres preguntas sobre lo que pasa en Ceuta: "¿Es una operación hostil de un actor hostil? Sí. ¿Supone un problema migratorio? Sí. ¿Supone una crisis humanitaria? Sí".

En el sentido más general, prosigue, este es "un problema geopolítico que la UE no puede resolver porque no es un actor geopolítico". Pero en lo que tiene que ver estrictamente con la migración, el analista es mucho más concreto. "El nuevo pacto migratorio se estrena con esta crisis, y lo que quiere la UE con la nueva política es que los Estados miembros asuman más responsabilidad". Por eso, explica, deja todo el peso en manos de España. "Es una situación extraordinariamente compleja. ¿Pone a prueba la política migratoria de la Unión Europea? Sí. ¿La Unión Europea lo va a reconocer como tal? Pues seguramente no", sentencia.

Ceuta es España, pero también Europa, y la frontera sur vive momentos de presión y de tensión que ya se avisaron por ejemplo en el Concepto Estratégico de la OTAN aprobado en Madrid en el 2022. "La vecindad sur de la OTAN, en particular las regiones de Oriente Medio, Norte de África y el Sahel, se enfrentan a problemas interconectados de seguridad, demográficos, económicos y políticos. Estos se ven agravados por el impacto del cambio climático, la fragilidad de las instituciones, las emergencias sanitarias y la inseguridad alimentaria. Esta situación es propicia para la proliferación de grupos armados no estatales, incluidas las organizaciones terroristas. También favorece la injerencia desestabilizadora y coercitiva de competidores estratégicos", reza el texto, que renovó los retos de la Alianza para el medio y el largo plazo.

"Los actores autoritarios desafían nuestros intereses, nuestros valores y nuestro modo de vida democrático. Están invirtiendo en sofisticadas capacidades convencionales, nucleares y de misiles con poca transparencia o respeto por las normas y los compromisos internacionales", añade por otro lado el Concepto Estratégico, que explica esto con el foco puesto en Rusia, pero lo ve aplicable a otros estados.