El sector progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) apuesta por iniciar ya las negociaciones con el sector conservador para renovar las cuatro plazas vacantes en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS), según informan fuentes jurídicas a EL MUNDO.
Desde el grupo progresista se ha trasladado en los últimos días al bloque conservador que se deben sentar a negociar las plazas que han quedado desiertas por las jubilaciones de los magistrados Miguel Colmenero, Ángel Hurtado, Andrés Palomo y Juan Ramón Berdugo.
La Sala Segunda o de lo Penal es un órgano de especial importancia ya que investiga y juzga a los miembros del Gobierno y los parlamentarios -el ex ministro y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos- y a otros aforados de especial relevancia pública como, Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado.
Para todos estos nombramientos discrecionales de magistrados del Tribunal Supremo se precisan el acuerdo de una mayoría cualificada de los vocales del Consejo, es decir, un mínimo de 13 votos. Esta circunstancia obliga a pactar entre progresistas y conservadores todos estos nombramientos. Sin embargo, hasta el momento, las negociaciones no se han producido. De hecho, la plaza del magistrado Colmenero, por ejemplo, lleva sin cubrirse desde el año 2023.
Por su parte, el nuevo curso judicial ha arrancado con reproches cruzados entre los vocales del sector progresista y los del conservador, que sostienen que los primeros siguen a pies juntillas los postulados del Ministerio de Justicia que dirige Félix Bolaños y son desleales hacia el resto de sus compañeros y con la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, al emitir continuos comunicados con el objetivo de condicionar su actuación -el último, antes de la apertura del Año Judicial-.
Este clima de recelos y de acusaciones cruzadas no favorece la negociación de plazas tan sensibles como las de vacantes de la Sala de lo Penal, indican fuentes del órgano de gobierno de los jueces.
Por otro lado, en el sector conservador del CGPJ no están dispuestos a que haya un reparto de las cuatro plazas que permita nombrar a emisarios del Gobierno en la Sala que preside el magistrado Andrés Martínez Arrieta.
Es un secreto a voces que en el Ejecutivo lamentan que haya falta de magistrados progresistas en la Sala Segunda, órgano que en los últimos años ha dado sonados disgustos al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Lo hizo, por ejemplo, cuando se opuso a la concesión de los indultos a los líderes del procés o cuando criticó la reforma ad hoc del Código Penal para favorecer a los dirigentes independentistas o, más recientemente, al no aplicar la Ley de Amnistía al delito de malversación de caudales públicos del referéndum ilegal del 1-O.
También cuando condenó a Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de datos reservados del empresario Alberto González Amador; decisión que obligó al Ejecutivo a nombrar a un nuevo fiscal general pese a la defensa a ultranza que hizo sobre el acusado. O cuando el pasado mes de junio condenó a 24 años de cárcel por nueve delitos de corrupción al ex ministro José Luis Ábalos poniendo en valor la colaboración que el empresario Víctor de Aldama había prestado con la Justicia.
Además, la Sala de lo Penal del Supremo es la que instó a la Audiencia Nacional a investigar los pagos en efectivo en la sede de Ferraz -la pieza de la presunta financiación irregular- y también el cobro de presuntas comisiones ilegales por el amaño de obra pública desde el Ministerio de Transportes, donde se encuentra imputado el también ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
El Gobierno sabe que, a diferencia del Tribunal Constitucional o de la Fiscalía, el Supremo es el eslabón que no ha logrado controlar y, por este motivo, cualquier nombramiento en la Sala de lo Penal es absolutamente decisivo.
Tal y como informó este periódico, entre los aspirantes a cubrir las plazas del turno general y de especialista se encuentran los magistrados de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, Eloy Velasco, Joaquín Delgado y Enrique López, ex consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid.
