El Gobierno renuncia a otros 1.260 millones de fondos europeos en la solicitud final que ultima a la Unión Europea. Así consta en la novena modificación del Plan de Recuperación desde 2021, por lo que eleva finalmente a más de 61.700 millones la cifra a la que el Gobierno renuncia.
De los en torno a 163.000 millones previstos inicialmente, España apenas podrá superar ya los 101.000 millones que reciba finalmente de la UE de los fondos creados en la pandemia. Y la cifra definitiva aún puede bajar por hitos u objetivos incumplidos o fondos que haya que devolver por mala ejecución.
El Ministerio de Economía sostiene que el capítulo de préstamos ha perdido interés para España por sus condiciones de financiación cercanas a las de la Unión Europea, pero estas no han dejado de empeorar con respecto al pasado enero, cuando oficializó la primera renuncia. Actualmente España tiene más coste para financiarse que el que habría tenido si hubiera solicitado los préstamos en los últimos años.
En el PP atribuyen, en cambio, los continuos desistimientos a incapacidad de ejecución en el último año del llamado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia tras los retrasos acumulados desde 2021.
De la última adenda se desprende que el Gobierno aspira a intentar conseguir casi todo el capítulo de subvenciones, cerca de 80.000 millones, y solo unos 21.449 millones de préstamos, renunciando al 75% de esta parte de las ayudas.
Son llamativas las razones que describe la Comisión Europea para que España solicite menos dinero y menciona no solo «la supresión de la medida para el Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad del regadío», sino también «la reducción del nivel de ejecución de medidas como la línea de préstamos ICO para la Promoción de la Vivienda Social». «Por lo tanto, el importe total de la ayuda en forma de préstamo puesta a disposición de España debe reducirse a 21.448.689.929 euros», dice la Comisión Europea. El pasado enero aún mantenía 22.705 millones, aunque ya lejos de los 83.160 millones que había reservado la UE a España.
Tras este nuevo cambio, el Gobierno tiene pendiente solicitar más de 20.000 millones en el séptimo y último pago, que debe presentar ya para poder recibirlo antes de fin de año. La cifra total será difícil de lograr porque, aunque la Comisión Europea ha aceptado en la novena adenda una revisión a la baja de hitos y objetivos, los hay inalcanzables. Un ejemplo es que el Gobierno no logró convalidar este mes la llamada ley de lobbies, al tener en contra incluso a parte de sus socios de investidura.
Se dan ya por perdidos también otros 200 millones de euros no entregados en uno de los tramos anteriores al no haber podido el Ministerio de Hacienda cumplir su compromiso medioambiental de encarecer la fiscalidad sobre el diésel. El ministro de Hacienda, Arcadi España, que asistió este lunes a la inauguración del congreso de Eurocámaras en Valencia, no tiene en sus planes una medida impopular de ese calibre y en un momento, además, de presión al alza sobre los precios. Al contrario, el titular de Hacienda respalda mantener bonificaciones fiscales en los carburantes.
Otro problema son los 626 millones retenidos por no haber acometido una reducción de la temporalidad del empleo público por debajo del 8%, actualmente en el 26,8%.
Los fondos, el pasado
Por otra parte, en los debates del congreso de Eurocámaras los fondos europeos son ya el pasado. El presidente de la Cámara de España y anfitrión, Josep Lluís Bonet, ni mencionó ya el maná comunitario y dirigió ahora el foco a que haya más cooperación entre el sector público y privado para nuevas inversiones y reforzar el llamado Mercado Único. «El tejido productivo no pide privilegios. Solo necesita un entorno que le permita cumplir su objetivo: crear riqueza, generar empleo y aportar soluciones a los desafíos de nuestra sociedad. Y aquí las Cámaras de Comercio tenemos una responsabilidad fundamental».
El exprimer ministro italiano, Enrico Letta, y el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, coincidieron en que el siguiente reto es «reducir la dependencia de Europa». «Estamos a tiempo, pero es la última oportunidad», afirmó el italiano. «La Comisión Europea tiene las ideas claras, pero son los Estados miembros los que tienen que cumplir», subrayó Galán, que eludió mencionar al Gobierno español, aunque sí incidió en la diferencia de fiscalidad que pesa sobre la luz y el gas en España, pese a que debería ser, a su juicio, al contrario, si se quiere favorecer la electrificación del país.
El vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, está apurando junto a Arcadi España para presentar la solicitud del que será el séptimo y último tramo de los fondos europeos y tiene previsto comparecer el próximo jueves en la Comisión Mixta del Parlamento sobre la UE para dar cuenta de la situación.
Según el último balance de la Comisión Europea, España llega a este tramo final después de seis años con todavía un 30% de los hitos y objetivos sin cumplir, pese a que estos han sido sucesivamente modificados a la baja. Habrá que esperar para tener una foto final.
