Gobierno crea la ANIFI para reemplazar al Sepblac con financiación del sector financiero

El Gobierno ultima una metamorfosis de su arquitectura antiblanqueo con un coste que no se cargará a los ciudadanos. El Ministerio de Economía anunció a finales de julio la creación de una nueva autoridad, la Autoridad Nacional de Integridad Financiera (ANIFI), que tendrá la misión de luchar contra el blanqueo de capitales. El objetivo es que reemplace al actual Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac). El sector financiero en el sentido más amplio y los operadores de juego serán los encargados de dotarla de recursos. Cada entidad o empresa aportará un máximo de 1,5 millones al año con la previsión de que el presupuesto del organismo alcance los 50 millones cada ejercicio.

El Banco Central Europeo (BCE) había puesto en la picota el actual sistema de financiación de la unidad especializada en perseguir el blanqueo de capitales, puesto que “podría no ajustarse completamente a las restricciones de financiación monetaria” de la Unión Europea, según recoge el texto elaborado por el Ministerio de Economía. Estas restricciones prohíben al Banco de España, y a los organismos homólogos de los países del bloque, conceder descubiertos o cualquier tipo de crédito a Estados, Administraciones y organismos públicos, y comprar directamente su deuda. Actualmente, el Sepblac se financia por vía indirecta del Banco de España.

El convenio entre el Sepblac y el Banco de España, firmado en 2021, se ha ido prorrogando año tras año. La última adenda menciona de forma expresa la necesidad de “reforzar la autonomía del Servicio Ejecutivo en materia de personal” —su plantilla asciende a unos 150 trabajadores—, a la espera de que se modifique su régimen económico. El diagnóstico ha llegado también por otra vía. El Tribunal de Cuentas ha concluido que el Sepblac carece de medios humanos, tecnológicos y financieros suficientes y aconseja que se revise su sistema presupuestario y de contratación.

La solución ideada por la cartera que dirige Carlos Cuerpo es una tasa, que pagarán los sujetos obligados “que requieran autorización administrativa para operar”, quedando excluidos los notarios y los registradores. La cuantía global que deberá recaudar cada año será igual a los gastos de funcionamiento de la ANIFI en el último ejercicio cerrado, y esta se repartirá en proporción al activo total de cada entidad con un límite de 1,5 millones de euros por cada una de ellas. El importe se repartirá entre bancos, aseguradoras, gestoras, empresas de servicios de inversión, entidades de pago, plataformas de criptoactivos y operadores de juego. El devengo se producirá el día 1 de febrero de cada año. Fuentes del Ministerio de Economía señalan que el presupuesto inicial será “algo superior al del Sepblac”, ya que incorporará a empleados del FROB y la Secretaría de la Comisión.

José María Olivares, socio de la consultora de regulación financiera finReg360, señala que, además de recaudar la tasa del sector financiero, la ANIFI podrá percibir ingresos derivados del ejercicio de su potestad sancionadora. El texto determina que la nueva agencia puede quedarse como mucho con el 10% de lo cobrado en multas cada año y que el importe no puede superar el 5% de su presupuesto anual. Todo lo que exceda irá a parar al Tesoro.

Fuentes bancarias señalan que ha causado malestar el hecho de que el anteproyecto de ley prevea esta tasa para financiar la actividad de la nueva autoridad. Aducen que los bancos son la puerta del sistema para evitar que el dinero de procedencia ilícita entre en el circuito y que dedican cada año millones y millones de euros a prevenir el blanqueo. “Que se nos cargue con una tasa para financiar el funcionamiento de la autoridad supone, en buena medida, una doble imposición para las entidades respecto de lo que habitualmente afrontan como colaboradores esenciales del sistema de prevención”, aduce un directivo del sector. El texto, en todo caso, todavía tiene que pasar por el Congreso y el Senado, con el objetivo de que la ley entre en vigor en julio del próximo año.