Madrid anuncia boicot a reunión clave del CPFF sobre financiación autonómica

La fuerte tensión que se preveía en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que este viernes reúne a Hacienda y a las comunidades autónomas se ha adelantado varias horas. A primera hora de la tarde de este jueves, Madrid anunció sorpresivamente que no acudirá al encuentro en el que se iba a votar el nuevo modelo de financiación autonómica diseñado por el Ejecutivo y que rechazan la inmensa mayoría de los territorios ―todos, salvo Cataluña y Canarias―. La comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso hizo, además, un llamamiento al resto de autonomías del PP con el objetivo de que también planten a Hacienda y boicoteen una reunión que, sin la asistencia necesaria, se vería abocada al fracaso porque requiere la presencia de la mitad de territorios. Sin embargo, todo apunta a que Madrid se quedará sola: ninguno ha anunciado de momento su intención de secundar el plantón.

El reglamento de Régimen Interior del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, publicado en el Boletín Oficial del Estado, es claro. Establece que “para la válida constitución del Consejo será necesaria la asistencia, al menos, de la mitad de sus miembros”. Un veto masivo del principal partido de la oposición, que gobierna la inmensa mayoría de las autonomías, obligaría a Hacienda a suspender el encuentro. Varias comunidades del PP consultadas, como Murcia, Andalucía, Extremadura o Baleares, aseguran que tienen previsto acudir a la cita. En la agenda pública de La Rioja también aparece la reunión. Otras afirman que el anuncio les ha pillado por sorpresa y que mantienen su plan de acudir a la convocatoria. Tampoco sería la primera vez que las posiciones discordantes del Gobierno de Díaz Ayuso en citas multilaterales causen malestar en el resto de comunidades del PP.

Madrid, según trasladan fuentes del Gobierno autonómico, ha mostrado su posición en el seno de las reuniones internas que ha mantenido en los últimos días con la dirección nacional del Partido Popular y el resto de consejeros de Economía y Hacienda del PP. Y ha incidido en que la única manera de que el nuevo modelo no pueda materializarse en el CPFF es que no haya quórum en la reunión. “La ausencia de todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP supondría la paralización de esta ruptura de la igualdad de todos los españoles y del blanqueamiento de la corrupción económica y política de los gestores de la Generalidad de Cataluña en las últimas décadas”, añaden.

Fuentes de Hacienda lamentan el anuncio de la Comunidad de Madrid y consideran “irresponsable” el llamamiento al boicot. El departamento de Arcadi España ha acelerado en los últimos meses la reforma del sistema de financiación autonómica con el objetivo de que la propuesta llegue al CPFF de este viernes, después de que los trámites que estaban previstos se pospusieran durante el verano. El órgano se iba a reunir a finales de julio, pero las comunidades gobernadas por el PP enviaron una carta al ministerio solicitando aplazar el encuentro a la vuelta de vacaciones, alegando que no habían tenido el tiempo suficiente para estudiar la propuesta en profundidad, exigiendo más información y además subrayando que la convocatoria se producía en medio de los incendios que estaban asolando el país.

El ministerio accedió a retrasar la cita hasta septiembre, a la par que asegura ahora que durante este tiempo estuvo en contacto con las consejerías autonómicas y les remitió más detalles. “El gamberrismo institucional no impedirá que el Gobierno siga con la mano tendida a todos los territorios y grupos parlamentarios para sacar adelante una reforma de la financiación autonómica”, señalan fuentes de Hacienda. Estas recuerdan además que la iniciativa tiene que pasar por el CPFF pero “se debate y vota en última instancia en el Congreso de los Diputados, donde reside la soberanía nacional”.

El Gobierno sigue decidido a aprobar el nuevo sistema de financiación pese al rechazo que suscita entre prácticamente todas las comunidades, tanto las gobernadas por el PP algunas con presidentes socialistas, como Castilla-La Mancha y Asturias.

Solo Cataluña ha visto desde el principio con buenos ojos el plan, que bebe de un acuerdo previo entre el PSC y ERC que sirvió como punto de partida para diseñar la reforma. En julio también se sumó al carro Canarias, donde el PP gobierna como partido minoritario con Coalición Canaria, después de arrancar varias concesiones técnicas a Hacienda. El resto de territorios lo critican por haberse negociado en un primer momento y de manera bilateral con Cataluña, además de por defender los intereses económicos de la Generalitat, según denuncian.

El Ejecutivo no tiene problemas para sacar adelante la propuesta en el órgano de coordinación entre el Estado y las autonomías, ya que basta con que una de ellas, además de Hacienda, vote a favor. Y de momento los votos de Cataluña y Canarias parecen garantizados. Pero para ello es necesario que al encuentro acudan al menos la mitad de los territorios, y esa es la grieta que ha encontrado Madrid para hacer saltar por los aires los planes de Hacienda.

La propuesta

El Ejecutivo quiere encauzar una reforma pendiente desde 2014 y que pretende sustituir el sistema de financiación por otro que, en esencia, mantiene la arquitectura actual, pero incorpora más recursos, una mayor participación autonómica en los impuestos y nuevos mecanismos para reducir las diferencias de financiación entre territorios.

La principal novedad es el aumento de los recursos. El nuevo modelo aportaría unos 21.000 millones de euros adicionales a las comunidades en su primer año de funcionamiento, previsto para 2027. Andalucía recibiría 4.846 millones adicionales, Cataluña 4.686 millones, la Comunidad Valenciana 3.669 millones y Madrid 2.555 millones, según los cálculos presentados por Hacienda.

El aumento de la financiación vendría acompañado de una mayor cesión de impuestos. Las comunidades pasarían a participar en el 55% del IRPF, frente al 50% actual, y en el 56,5% del IVA, también frente al 50%. El porcentaje de cesión de los impuestos especiales se mantendría en el 58%. Además, se incorporarían al sistema el 100% de la recaudación de varios tributos, entre ellos el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre los depósitos bancarios, el impuesto sobre actividades del juego y el impuesto sobre los residuos. El objetivo es que las autonomías dispongan de más recursos propios y que el sistema dependa en menor medida de las transferencias estatales.

La reforma también modifica la forma de calcular la llamada población ajustada, la variable que determina buena parte del reparto de los recursos. Hacienda plantea introducir nuevos criterios para reflejar mejor el coste de prestar los servicios públicos y atender mejor a realidades como la dispersión, la orografía, la insularidad o la cantidad de población envejecida o en edad escolar.