El Senado no será un campo de batalla secundario sino central en las elecciones del 29 de noviembre. Mientras en el Congreso, las distintas opciones políticas concurrirán por separado —muchas fuerzas a la izquierda del PSOE se han agrupado en el llamado Frente Amplio, del que se han excluido Podemos y los nacionalistas catalanes, vascos o gallegos—, en el Senado se están configurando dos bloques mayoritarios, una de derechas y otro de izquierdas, enfrentados a cara de perro.
Aunque la noticia quedó eclipsada por la agónica y frustrada negociación entre el Frente Amplio y Podemos para presentar una lista única al Congreso, el viernes por la noche, a punto de sonar la campana, el PSOE y una serie de fuerzas de izquierdas (IU, Movimiento Sumar, Compromís, Más Madrid, Chunta Aragonesista, Batzarre y Més) formalizaron la presentación de una candidatura conjunta bajo la denominación Senado de Progreso. Se presentará en 45 provincias —se quedan fuera Cataluña y Canarias, salvo La Gomera)—, con el objetivo de darle la vuelta a la mayoría absoluta de la que ha disfrutado el PP en la cámara alta durante esta legislatura. Los promotores de la iniciativa creen que la agrupación del voto de izquierdas puede desbancar a los populares de la primera plaza en muchas provincias.
La reacción no se ha hecho esperar. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha lanzado este sábado un “mensaje de tranquilidad” a sus votantes a través de las redes sociales, asegurando que actuará “con altura de miras” y hará “lo necesario” para evitar que un futuro e hipotético gobierno de coalición entre el PP y el Vox “dependa de Sánchez y sus secuaces”. “Sánchez es capaz de todo por destruir España. Pero nosotros también somos capaces de todo por salvarla”, ha enfatizado.
Lo que Abascal ha anunciado, con este críptico mensaje, es que Vox está estudiando la posibilidad de no presentar candidatura al Senado en las provincias en las que no tiene ninguna posibilidad de sacar escaño y pedir el voto para la lista del PP en estas circunscripciones, con el objetivo de impedir la victoria de la izquierda. El secretario general del partido, Ignacio Garriga, ha anticipado en San Lorenzo del Escorial (Madrid) que habrá que tomar “decisiones difíciles”, mientras que un portavoz de la formación se ha limitado a señalar que “todas las opciones están abiertas” y se ha remitido a la decisión que adopte la próxima semana el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), máximo órgano decisorio entre asambleas.
Ya no es posible para las dos fuerzas de la derecha armar una coalición como han negociado el PSOE y el Frente Amplio, ya que la hora límite para presentarla era la medianoche de este viernes. Sin embargo, el plazo para presentar las listas va del 21 al 26 de octubre e incluso pueden retirarse a última hora las ya presentadas. Las opciones que tiene Abascal sobre la mesa son las de presentar candidatos de Vox al Senado bajo las siglas del PP, lo que se considera improbable, o no presentar lista en provincias donde el partido ultra no tenga ninguna posibilidad de sacar escaño a la Cámara alta, que es lo más probable.
Se trata de una decisión muy arriesgada para Vox, ya que pedir el voto para el PP en la Cámara alta podría acentuar la tendencia al voto útil y provocar un efecto arrastre de la papeleta del Congreso en favor de los populares. Además, en algunas circunscripciones, como Ceuta, los ultras están abiertamente enfrentados al presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, del PP, que ha preferido pactar con el PSOE, por lo que sería difícil mantener esa esquizofrenia.
Pero si el pacto no se materializa, Vox podría ser acusado de entregar el control del Senado al PSOE y sus socios. Aunque se la considera una ‘cámara de segunda lectura’, postergada por el Congreso, el PP ha demostrado en esta legislatura su capacidad para desgastar al Gobierno, con la creación de comisiones de investigación para dar mayor eco a sus denuncias: la citación de altos cargos en momentos críticos para marcar la agenda; o el boicot a tratados internacionales, como el de amistad con Francia, ya en plena precampaña. También depende del Senado la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que permite al Gobierno retirar competencias a las comunidades autónomas que incumplan sus obligaciones, como sucedió con Cataluña tras la pseudodeclaración de independencia de octubre de 2017.
Lo más importante e inmediato, sin embargo, es su competencia para elegir a los miembros de órganos constitucionales, como el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial. Una de las primeras tareas a las que se enfrentarán los nuevos senadores será la renovación del Constitucional. El mandato de los cuatro magistrados elegidos por el Senado –incluido su presidente, Cándido Conde-Pumpido—caducó en diciembre, por lo que toca elegir sustitutos. El plazo para que las asambleas legislativas de las comunidades autónomas propongan candidatos acaba el 30 de noviembre y a partir de ahí se inicia el proceso de elección, que incluye la comparecencia de los aspirantes ante la comisión de nombramientos. Los cuatro magistrados salientes se reparten a partes iguales entre conservadores y progresistas, pero si el PP y Vox pudieran designar a cuatro magistrados afines –para lo que necesitarían una mayoría de tres quintos que los populares no alcanzaban en la anterior legislatura- podrían dar un vuelco a la actual composición del Constitucional, de mayoría progresista.
En las elecciones generales de 2023, Vox no obtuvo ningún senador y perdió los dos que tenía, por lo que los cuatro que tienen en la actualidad son por designación autonómica. Los más de 2,7 millones de votos que recibieron los candidatos de Vox al Senado en aquellos comicios acabaron en la papelera. En aquel momento, la pérdida de estos votos no tuvo efectos prácticos para la derecha, ya que el PP logró la mayoría absoluta en el Senado. Ahora la situación podría ser distinta.
Abascal ha rechazado siempre los llamamientos del PP para que no se presente en algunas provincias, interpretándolos como un intento de reabsorber a unos votantes que salieron de su seno y fagocitar políticamente a Vox. Si ahora admite hacerlo será un cambio estratégico y una muestra de la solidez de la alianza forjada entre Abascal y Núñez Feijóo de cara a las elecciones del 29 de noviembre. Un pacto de hierro que en los primeros compases de la precampaña ha quedado en evidencia con un compromiso de no agresión entre las dos fuerzas políticas, a diferencia de lo que sucedió en 2023, y con la voluntad de gobernar en coalición si alcanzan la mayoría absoluta en las urnas. Sin embargo, el pacto del Senado va más allá, porque se trata de la primera alianza preelectoral entre la derecha y la ultraderecha. Si el acuerdo acaba consumándose y el PP renueva el 29 de octubre su mayoría en el Senado gracias al apoyo de Vox, Feijóo estará en deuda con Abascal y le deberá parte de su éxito electoral antes de que se sienten a negociar.
