
Dos mujeres identificadas como Rebeca y Laura presentaron una querella ante la Audiencia Nacional por presunta agresión sexual y trata de seres humanos cometida por Julio Iglesias en 2021 en sus residencias de Bahamas y República Dominicana, tras el archivo previo de la Fiscalía por falta de competencia.
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Las dos mujeres, identificadas como Rebeca y Laura, denunciaron en enero de 2024 haber sido agredidas sexualmente por Julio Iglesias en 2021 mientras trabajaban en sus residencias en Bahamas y República Dominicana. La Fiscalía archivó inicialmente la denuncia por considerar que España no era competente para investigar delitos cometidos en el extranjero sin vínculos relevantes con el país.
Las dos mujeres que denunciaron haber sido agredidas sexualmente por Julio Iglesias en 2021 en las residencias caribeñas del cantante, en Bahamas y en República Dominicana, han presentado una querella este jueves ante la Audiencia Nacional, según han anunciado ellas mismas. En ella solicitan nuevamente a la justicia española que investigue las violaciones que sufrieron por parte del artista en las propiedades donde trabajaban y residían, y que incluían vejaciones que, según afirmaron, ocurrían durante varios momentos del día e, incluso, de madrugada.
Esta última acción judicial se presenta meses después de que la Fiscalía archivara la denuncia por falta de competencia. El ministerio público había señalado que España no era “competente para investigar delitos cometidos en el extranjero cuando no existan vínculos relevantes” con el país.
Según una nota de prensa, la querella de Rebeca y Laura ―nombres que fueron asignados a las extrabajadoras domésticas para resguardar sus identidades― insiste en que el cantante aprovechó su posición de poder y la situación de vulnerabilidad de ambas para captarlas, trasladarlas y alojarlas en sus propiedades, “en un clima de intimidación constante”. De acuerdo con el texto presentado, Iglesias las habría sometido “a situaciones de acoso y agresiones sexuales continuas” e impuesto “condiciones laborales forzadas y degradantes”. Poco después de que se publicara la denuncia de las extrabajadoras, el artista negó las acusaciones de acoso y agresión sexual e hizo públicos supuestos mensajes de las mujeres para tratar de desacreditarlas.
Según la organización Women’s Link, que ha acompañado a las dos denunciantes desde que el caso se dio a conocer a principios de enero, estos hechos podrían constituir delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre; delitos contra la libertad y la indemnidad sexual, lesiones, trato degradante y delitos contra los derechos de las trabajadoras por la imposición de condiciones laborales abusivas.
Además, las exempleadas solicitan acceder a medidas de protección específicas mientras dure su búsqueda de justicia. “Se debe garantizar que puedan acceder a la justicia en condiciones de seguridad y dignidad. Es fundamental”, ha señalado Jovana Ríos Cisnero, directora ejecutiva de Women’s Link. “Las mujeres que denuncian y alegan hechos relacionados con violencias de género, incluyendo la violencia sexual y las dinámicas de abuso de poder que la sostienen, necesitan del compromiso de los Estados con sus búsquedas de justicia”, ha agregado la directiva de la organización de derechos humanos.
La Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia española será la encargada de revisar la información puesta en su conocimiento para determinar si inicia una nueva investigación.
AI outlook — possibilities, not facts
La Audiencia Nacional admitirá a trámite la querella y abrirá una investigación formal
Likely · Within weeks
Julio Iglesias negará nuevamente las acusaciones y presentará evidencia en su defensa
Very likely · Within days

The presidency of the TSJM has archived the information against Judge Juan Carlos Peinado because it considers that his comments about a possible escape by Begoña Gómez do not constitute a disciplinary offense, as they do not meet the requirements of specificity and seriousness necessary for a sanction.
The Superior Court of Justice of Madrid has archived the proceedings opened against Judge Juan Carlos Peinado for his statements in a judicial order about the alleged risk that national police helped Begoña Gómez, wife of President Pedro Sánchez, to flee Spain. The TSJM considers that the facts do not constitute a disciplinary offense, allowing Peinado to retire without stain on his record, although it describes his expressions as 'not very delicate' towards the security forces.

Begoña Gómez, wife of the President of the Government Pedro Sánchez, has been summoned to testify on October 23 by a Majadahonda judge following a complaint filed by the ultra agitator Vito Quiles, who accuses her of having filed a false complaint for assault after an incident in a restaurant in Las Rozas on April 19. The judge previously filed Gómez's complaint considering that the reported facts were not proven, but the Provincial Court will analyze the appeal the following Monday.

A judge from Majadahonda has summoned Begoña Gómez to testify on October 23 as a defendant following the complaint filed by the agitator Vito Quiles, who accuses her of having falsely denounced an incident in a restaurant in Las Rozas on April 29. The same day, Quiles was summoned as a plaintiff. Gómez's original complaint was filed on May 30 due to lack of criminal evidence, a decision that she and the Prosecutor's Office have appealed to the Madrid Provincial Court, which will analyze the appeal on September 7.

The General Council of the Judiciary has appointed Judge Consuelo Andreo Ruiz to reinforce the Court of Instance of Ceuta after the increase in sexual assaults linked to the migratory crisis, with 23 cases registered in one month and nine minor victims.

The Anti-Corruption Prosecutor's Office opposes the annulment appeals presented by former Minister José Luis Ábalos and his former advisor Koldo García against his sentence of 24 years and three months and 19 years and eight months in prison, respectively, arguing that they intend to review matters already resolved in the sentence and that the complaints lack legal basis.