El director general de la Policía pide explicaciones al responsable de Extranjería tras informe sobre entrada masiva en Ceuta

El director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, pidió cuentas al comisario responsable de Extranjería y Fronteras, Julián Ávila, después de conocer el contenido del informe remitido a la Audiencia Nacional sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta a finales de julio en el que se concluía que Marruecos pudo estar detrás de la gestión de la avalancha migratoria.

Fuentes de toda solvencia conocedoras de ese encuentro, al que califican como «muy tenso», indican que el hombre de confianza de Fernando Grande-Marlaska en la cúpula policial reprochó al mando que no le informara previamente de la elaboración del documento y cuestionó que un asunto de esa relevancia se hubiera tramitado sin conocimiento de la máxima autoridad operativa de la Policía. Según estas fuentes, el director general le trasladó su malestar y le recriminó por el contenido del dossier y el análisis del episodio. «Es una barbaridad lo que habéis hecho», habría dicho de acuerdo con las mismas fuentes. «Esto afecta a la seguridad nacional y al Gobierno». Atribuyó su «enfado», indican, a las posibles implicaciones para la seguridad del Estado y para las relaciones con Marruecos. Este periódico contactó con Interior que, a su vez, remitió a fuentes oficiales de la Policía, que reconocen el encuentro aunque aseguraron desconocer su contenido. «Hubo reunión», zanjaron.

El episodio se produjo al inicio de una crisis interna en la cadena de mando policial tras el enfado del ministro del Interior, que al conocer la existencia del informe y su contenido pidió explicaciones por escrito a Pardo de manera inmediata. El informe lo confeccionó el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), integrado en la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón había solicitado a la Policía Nacional que analizara si la entrada masiva en Ceuta podía responder a una acción concertada o dirigida por una organización o grupo criminal. La jueza abrió diligencias después de recibir una denuncia y pidió a los investigadores que mantuvieran la máxima reserva sobre el contenido de sus pesquisas.

Pero, según la información recabada por EL MUNDO, el argumento de la reserva judicial no evitó el reproche de Pardo Piqueras al mando de Extranjería. El director general quiso saber por qué no había recibido al menos un parte sobre la existencia de un asunto de esa trascendencia y por qué la cadena de mando no había tenido conocimiento de que se estaba elaborando un documento que, según su criterio, podía tener consecuencias políticas y de seguridad. Este apercibimiento que ilustran las fuentes consultadas se produjo, además, en un momento también muy delicado de cara a la opinión pública por la grieta que el informe había abierto entre lo que sostenía el Gobierno y las conclusiones que aparecían en el análisis policial. El documento describía una entrada masiva que, según la información difundida sobre sus conclusiones, no podía explicarse como un fenómeno migratorio espontáneo y recogía indicios de una actuación organizada en territorio marroquí.