España pide a la UE extender la cláusula de escape fiscal al gasto verde para hacer frente al cambio climático

El Gobierno ha solicitado a la Comisión Europea extender la llamada cláusula de escape nacional al gasto para hacer frente al cambio climático. La medida busca que la UE permita a España apartarse temporalmente de sus obligaciones presupuestarias para asumir los crecientes costes de adaptación y reconstrucción frente a fenómenos ambientales extremos como los incendios, las inundaciones o la persistente sequía.

La Comisión Europea activó la cláusula de escape de las reglas fiscales en marzo de 2025 para dar oxígeno presupuestario a los Veintisiete en sus planes de rearme. A petición de los gobiernos, y siempre que se cumplan una serie de requisitos, Bruselas permite a los gobiernos descontar el incremento de gasto en defensa del cómputo comunitario y desviarse de manera temporal de las reglas fiscales fijadas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En detalle el margen de flexibilidad incluye un gasto adicional del 1,5% del PIB nacional en el periodo 2026-2028.

Hasta ahora, el Consejo Europeo ha activado esta palanca para dieciocho Estados miembros. El último en pasar el examen fue España, el pasado mes de junio. Ahora, Moncloa quiere adaptar la fórmula de forma estructural al gasto verde.

Según los ultimos datos del Ministerio de Hacienda, el Estado dedicó a gasto verde hasta 24.583 millones de euros en 2024. El 70% del total, más de 17.200 millones de euros, se destinó a actuaciones de mitigación y adaptación del cambio climático. Aunque la propuesta no lo especifica, fuentes gubernamentales apuntan a estas dos últimas partidas como objetivo de la citada bula fiscal.

«Debería establecerse un marco fiscal que refleje plenamente la emergencia climática y respalde la inversión necesaria para la resiliencia (...). Las inversiones públicas nacionales destinadas a fortalecer la resiliencia estructural y verde deberían considerarse dentro de la actual Cláusula de Escape Nacional (NEC)», recoge el non paper español, como se conoce en la jerga comunitaria a este tipo de documentos de trabajo.

La propuesta ya ha abierto un debate entre los economistas. «La cláusula de escape se ideó para afrontar la excepcionalidad del aumento del gasto en defensa por 4 años. Lo que parece plantear el documento español, sin concretar nada, es algo más estructural. No parece adecuado tener una regla fiscal e ir activando excepciones que diluyan su contenido», opina Diego Rodríguez, investigador de Fedea y catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Complutense.

Gasto en defensa e inversiones en «resiliencia verde» no son equiparables, según Rodríguez, porque las segundas no pueden delimitarse tan fácilmente, entre otras cosas, porque «el tipo de inversiones de adaptación requeridas en distintos países es muy heterogéneo precisamente porque el impacto local del cambio climático también lo es».

Por su parte, el director de Coyuntura de Funcas, Raymond Torres, considera que la propuesta del Gobierno está justificada y recuerda que no es nueva. «Ya se contempla la posibilidad, dentro del propio informe Draghi, de incluir la inversión en transición energética en un marco distinto al resto del gasto público a efectos de las reglas fiscales», recuerda.

No obstante, Torres advierte que el verdadero condicionante para la Hacienda pública no está tanto en Bruselas, sino en los mercados y en su disposición a financiar una «apelación colosal» de recursos derivada de los compromisos simultáneos en rearme, competitividad y clima, un reto que se agrava por la ausencia de eurobonos. Por ello, Torres defiende que habría que analizar todas esas propuestas de inversión en su conjunto y acompañarlas con una memoria económica para «comprobar si todas estas inversiones van a redundar en más crecimiento y ver lo que significa en términos de sostenibilidad fiscal para las economías europeas».

El non paper lo elevó la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, al comisario europeo de Clima, Wopke Hoekstra, el pasado 2 de septiembre, si bien fuentes próximas insisten en que es «un planteamiento español consensuado a nivel de Gobierno».

La Dana que asoló Valencia en 2024, los incendios forestales que este año han arrasado más de 200.000 hectáreas o una histórica sequía que golpea la cesta de la compra. Las pérdidas en la UE por este tipo de fenómenos alcanzaron los 822.000 millones entre 1980 y 2024, según la AIReF. Más del 25% del total se concentró en los últimos cuatro años. En España, el coste fiscal asociado a desastres naturales superó los 65.000 millones en los últimos 20 años.

La AIReF avisa que, una ves que pasan, estos fenómenos siguen mermando la recaudación pública durante meses, incluso años, y que empujan al Estado a movilizar potentes partidas para reparar daños a infraestructuras, auxiliar a los afectados y otros mecanismos de apoyo.

VENTANA EUROPEA

España ha abierto el debate de la flexibilidad fiscal al clima por primera vez. Hasta ahora, Bruselas lo había limitado a defensa y, puntualmente desde este verano, a la seguridad energética. Pedro Sánchez y su homóloga italiana, Giorgia Meloni, presionaron para flexibilizar las reglas de gasto al desbocarse los precios por la guerra en Irán. Bruselas recogió el guante y ya ha abierto un canal oficial para aplicar la cláusula de escape nacional para gasto militar al ámbito energético.

En detalle, los 27 podrán desviar para seguridad energética el 0,3% del PIB entre 2026-2028, sin superar el tope global del 1,5%. Aunque España fue uno de los principales países impulsores, fuentes del Ministerio de Economía admiten que todavía no han cursado la petición y se remiten a las últimas declaraciones de Carlos Cuerpo, de hace solo unos días.