“Si Sánchez pierde el Gobierno no será por la economía. Le pasará como a Biden, será por todo lo demás”. Una fuente del Gobierno resume así el sentir de muchos de los ministros del área económica, que cada vez encuentran más dificultades en arañar margen de mejora en sus carteras. En ocho años de Gobierno socialista el salario mínimo ha subido un 66% y la tasa de paro ha caído a mínimos desde 2007. Pero la inflación se ha incrementado un 26% y el esfuerzo para comprar una vivienda se lleva más del 36% de los ingresos de un hogar, cuando en 2018 estaba en el 30%, lo que los economistas consideran el límite de lo razonable.
El coste de la vida y la dificultad por acceder a una vivienda han empañado los logros objetivos en estabilidad y creación de empleo, un desafío global de las economías desarrolladas que los Ejecutivos cada vez tienen más problemas en atender y que marcará la agenda económica del otoño. El calendario político hace coincidir en España el inicio del curso con los estertores de la segunda legislatura del Gobierno de coalición progresista. Lo que se apruebe en los próximos meses dejará el sabor de la campaña electoral.
“Salarios, vivienda, derechos laborales y servicios públicos. Estas son las bases que deben guiar las políticas públicas”, dice otra fuente gubernamental, en este caso de Sumar, que apunta a que este año se perseguirá una nueva subida del salario mínimo.
Pero donde el Ejecutivo pretende concentrar su último aliento es en la vivienda, una preocupación que comparten los dos socios de Gobierno pero sin la fórmula mágica que garantice el apoyo parlamentario. Los cuatro diputados de Podemos, en el Grupo Mixto, y los siete de Junts son agua y aceite para lograr que un nuevo decreto en la materia vea la luz. El partido catalán “parece el partido de los pequeños propietarios”, acusa una fuente próxima a las negociaciones. Por su lado, Podemos, que nació en gran parte como reacción a los desahucios de la anterior crisis financiera, también ve pegas a cada propuesta que se interprete como subvenciones a los tenedores de suelo.
Al borrador del decreto ley que en julio circuló entre los grupos políticos (y que se prometió para la vuelta del verano) lo han adelantado por la izquierda otros problemas perentorios, como la crisis energética y la gestión de la ola migratoria en Ceuta. “Cualquier cosa que aprobemos ahora se queda sepultada”, dicen en el Gobierno. En el ánimo del Ejecutivo está el aprobar nuevas iniciativas que pasan por subir las inversiones previstas, pero también por impulsar herramientas innovadoras como las que desplegará el Instituto de Crédito Oficial (ICO) con las nuevas subvenciones a los promotores. Sumar insiste sobre todo en la prórroga a los alquileres, para ampliar la protección de las familias. Mientras, el corsé de las competencias —en manos principalmente de las comunidades autónomas— limita el campo de juego para el Ejecutivo central.
Contener la subida general de los precios será el otro campo de batalla. Hay preocupación por el encarecimiento del gas, que en un contexto internacional de conflicto en el golfo Pérsico y demanda al alza parece inevitable. El Gobierno está a la expectativa de ver cómo funciona este septiembre el regreso de la bonificación al diésel para contener la inflación. Pero si de cara al invierno se percibe un contagio a la electricidad o a los alimentos volverá a actuar, con margen para recuperar medidas como la rebaja fiscal.
Los impuestos son uno de los pocos resortes que tiene el Estado para ampliar la renta disponible de las familias. En estos años de inflación descocada, el impuesto sobre la renta no se ha modificado de manera acorde a los precios, lo que ha hecho que proporcionalmente se lleve un mayor mordisco de los salarios. Hacienda se ha negado a modificarlo porque, dice, también beneficiaría a las rentas altas y ha optado por otras medidas como bajar los impuestos a los tramos más bajos. Pero en un contexto de precios al alza y tipos de interés crecientes el salario medio se convierte en el relleno del bocadillo. Los expertos calculan que casi una cuarta parte de las subidas salariales se las ha comido la falta de adaptación del impuesto.
La deflactación de la tarifa del IRPF —esto es, ajustar los tramos de la renta con la subida de la inflación— sería un alivio para los bolsillos que compensaría, al menos parcialmente, la subida del coste de la vida. Una fuente del Gobierno no descarta dar ese paso, pero recuerda que la recaudación extra ha sido muy útil para desplegar paquetes de ayudas directos, como en el caso de los escudos anticrisis. Hacienda, de acuerdo a fuentes internas, no lo considera ahora una prioridad, con todo lo que hay sobre la mesa y el foco está más centrado en impuestos a los súperricos. Pero el ajuste del IRPF contaría en principio con los votos suficientes para salir en el Congreso y sería un señuelo interesante para ganar respaldo en la hipotética presentación de las cuentas públicas.
Este es el legado más complicado para el Ejecutivo: dejar unos Presupuestos aprobados para 2027. Los plazos fijan que el Gobierno debe remitir a las Cortes el proyecto de ley de las cuentas públicas antes de que acabe el mes de septiembre, para que entren en vigor en tiempo y forma para el siguiente año. Ese plazo se ha incumplido de forma habitual desde que en 2011 el entonces presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, optara por no intentar aprobar unos Presupuestos y forzar una prórroga para que su sucesor asumiera los nuevos recortes. Las cuentas de 2012 se presentaron en marzo y a partir de ese momento se abrió la flexibilidad creativa para que el momento de presentar los presupuestos lo marcara la oportunidad política y no la ley.
