Olga tenía 54 años y llevaba más de 20 viviendo en un piso del número 16 de la calle Comerç, en el barrio de Santa Eulàlia de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). El mismo piso en el que había criado a sus dos hijas, una de ellas menor de edad, y construido buena parte de una vida estrechamente vinculada al barrio. El mismo piso que compró un fondo 'buitre' y del que fue desahuciada en el mes de abril, cuatro meses antes de su suicidio este 7 de septiembre.
Vecinos, amigos y miembros del Sindicat d'Habitatge de Catalunya y de la Asociación de Vecinos del Barrio de Santa Eulàlia han comparecido este lunes por la mañana para llorar la pérdida y denunciar las circunstancias que rodearon el caso de Olga. Argumentan que era una muerte "evitable" y señalan al fondo que compró el piso como culpable de la situación. También apuntan a la administración por no activar las medidas suficientes "para garantizarle una alternativa habitacional estable".
Entre los presentes estaban Marta y Desiree, madre e hija, y amigas cercanas de la víctima y de su hija mayor, respectivamente. "Olga era socia de la asociación de vecinos, militaba en el Sindicat d'Habitatge y se pasó toda la vida luchando por el barrio y su gente. Su suicidio es consecuencia directa de una situación de maltrato por parte de un fondo 'buitre' y de la administración", ha aseverado Marta. "Estos días han sido muy duros, estamos consternadas y enfadadas, pero no nos queríamos quedar en silencio", ha añadido su hija.
Según el relato expuesto durante la rueda de prensa, Olga había comprado la vivienda años atrás mediante una hipoteca. Después de separarse, perder su empleo y dejar de percibir la manutención, comenzó a tener dificultades para afrontar las cuotas y terminó perdiendo la propiedad. Posteriormente, pudo permanecer en el inmueble mediante un alquiler social acordado con la entidad bancaria.
El sindicato asegura que la vivienda cambió posteriormente de propiedad y acabó en manos de una sociedad relacionada con el fondo de inversión Cerberus. Fue entonces, según la versión ofrecida por los portavoces, cuando dejó de renovarse el alquiler y comenzó el procedimiento judicial para recuperar el piso.
En este sentido, los representantes vecinales sostienen que, en los últimos meses, el estado emocional de Olga se había deteriorado considerablemente ante la posibilidad de perder definitivamente su casa. Señalan que la noche previa al desahucio, Olga llegó a acudir a urgencias después de manifestar que podía quitarse la vida y que su abogado pidió al juez que frenara la orden, vista su situación emocional y la presencia de menores en el caso. El magistrado, sin embargo, consideró que la familia estaba actuando de mala fe y le abrió un expediente al letrado.
El lanzamiento, por tanto, acabó efectuándose. Desde los colectivos implicados critican que esa situación de riesgo no llevara a detener el procedimiento y reclaman que se esclarezca qué información conocían en aquel momento los servicios sociales, el juzgado y el resto de organismos implicados. Destacan, además, que en un primer momento se consiguió frenar el caso, pero que el proceso se reactivó tras tumbarse en el Congreso el decreto de moratoria de los desahucios, con votos del PP, Vox y Junts.
Uno de los principales mensajes de la comparecencia ha sido precisamente el impacto que los procesos de desahucio pueden tener sobre la salud mental de las personas implicadas. De hecho, la propia Olga compareció en 2024 en el Parlament de Catalunya, en una comisión sobre salud mental, en la que denunció su situación, que apenas podía "cubrir las necesidades básicas" y que "había entrado en un pozo muy profundo".
En este sentido, el portavoz del Sindicat de l'Habitatge de Catalunya, Pau Segura, ha explicado que "cada caso empieza con una carta en casa que te dice que dentro de unos meses te van a echar" y que "no tener un lugar donde vivir genera unas condiciones mentales deplorables". Asimismo, el representante considera que esta vulnerabilidad no se está atendiendo suficientemente.
El colectivo ha reclamado por ello una revisión de los protocolos ante casos de extrema vulnerabilidad, especialmente cuando existen menores o señales de riesgo para la salud mental. También pide alternativas habitacionales estables para las familias afectadas y que se investigue la actuación de las distintas instituciones que intervinieron en el caso de Olga. De hecho, defienden que ante estos casos la única alternativa que se ofrece desde la Generalitat son "dos o tres noches en un albergue, muchas veces fuera de la ciudad del desahucio", ha dicho Segura.
Tanto el sindicato como la asociación vecinal han convocado para el próximo 3 de octubre a las 19.00 horas, en la plaza Pius XII de L'Hospitalet, un acto de homenaje a Olga y de protesta para reclamar cambios en las políticas de vivienda y en la atención a las familias que afrontan un desahucio.
