Maricarmen, desahuciada a los 87 años tras 71 años viviendo en su casa de Madrid

Maricarmen está en la calle a los 87 años. Es la una de la tarde y esta anciana, en silla de ruedas, ha cerrado la puerta de su casa por última vez. No podrá volver a entrar nunca más, por mucho que haya pasado 70 años en ella. Este es el cuarto intento de desahucio que ha soportado Maricarmen, que lleva ocho años luchando por quedarse contra los dueños de la vivienda, Urbagestión SL, que han rechazado todas las ofertas de ayuda recibidas y todas las gestiones del Ministerio de Vivienda. De momento, no sabe lo que va a hacer. Un primo se ofrece a acogerla unos días en su casa y el Ayuntamiento asegura que ha puesto a su disposición una “plaza de emergencia” gratis en una residencia.

A pesar de la movilización de unos 400 activistas frente al portal de su casa, en el pudiente barrio de Retiro de Madrid, unos 50 agentes antidisturbios de la Policía Nacional con 15 lecheras han ejecutado, desde las 10.45 de este miércoles, la sentencia de desahucio de Maricarmen. De los manifestantes, un centenar ha pasado la noche acampado allí haciendo guardia.

Sobre las 11.30, los agentes han echado abajo la puerta del edificio de Maricarmen, el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda. Para acceder a la anciana, en silla de ruedas, y sacarla de su casa, en el sexto piso, les quedaban otras 30 personas que resistían a lo largo de las escaleras del bloque, a las que han sacado una a una, agarradas de las manos y pies, tras retirar a las últimas 50 que defendían el portal. A las 11.55, las escaleras han quedado despejadas, todos fuera, y a las 12.25, han acabado de evacuar a las personas que han pasado la noche con la mujer, cuya salida a la calle se espera de un momento a otro. A las 12.40, ha entrado el Samur a por ella.

¿Y qué le espera ahora a Maricarmen? Las personas que estaban con ella explican ya en la calle que está con su primo, que será quien la acompañe. El familiar, que tiene cuatro hijos y una casa de 50 metros, ha ofrecido que se vaya con él unos días, pero ella todavía no sabe qué hará. Mientras presentaba la flota municipal de ambulancias, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha subrayado que el Ayuntamiento ofrece a Maricarmen “un recurso asistencial y habitacional para que, de manera inmediata, pueda disponer de un techo bajo el que pueda dormir, pueda descansar y pueda tratar de paliar o recuperarse de esa situación física y psíquica en la que se encuentra”, porque las administraciones “no pueden quitarse de en medio”. Una portavoz del área de Política Social señala que, por edad, Maricarmen será trasladada a una residencia en la que hay disponibles “plazas de emergencia”, gratuitas. Los servicios sociales están en el lugar, aunque el Consistorio no ha precisado a qué residencia la trasladarán por privacidad.

El Sindicato de Inquilinos, que apoya a Maricarmen, denuncia “mucha violencia, con tirones de pelo, dedos en los ojos y rodillazos” por parte de la policía, así como el uso de gas pimienta. Tras el derribo de la puerta, los activistas de abajo han avisado a los de arriba de que les estaban lanzando gas pimienta y la tos se escuchaba desde varios pisos más arriba. Vecinos del 2º B les han dado leche para combatir el escozor y galletas. “Cincuenta policías para sacar a una señora mayor” y “este desahucio es un asesinato”, gritaban decenas de manifestantes al otro lado del cordón policial.

La mujer permanece de momento en su piso, en el sexto, donde en un vídeo publicado a primera hora por el sindicato, se ha dirigido entre lágrimas a los congregados: “Buenos días, compañeros, os doy las gracias por el ejercicio que estáis haciendo toda esta noche durmiendo en la calle. Por favor, seguid, pero no os hagáis daño unos a otros, esto tiene que ser pacífico. Sigo oyendo todo vuestro ruido, un abrazo para todos y para todas las personas que me están apoyando en esta lucha tan cruel de una persona que quiere ganar dinero, pero que no olvide que tiene padres y madres y que el día de mañana se pueden ver en la situación en la que, por desgracia, me encuentro yo”.

En la escalera, al inicio de la operación de desalojo, había silencio, nervios y expectación. Los últimos activistas que separan a la policía de Maricarmen esperaban en el sexto, mientras, de fondo, se oía a la policía hablar con los militantes en descansillos inferiores. Sobre las 11.20, los agentes empezaban a echar abajo la puerta con una maza o ariete mientras dentro de la escalera se oían los golpes, constantes y fuertes, y los militantes del sindicato gritaban: “15 días para Maricarmen, solo pedimos eso”.

A las 10.15, casi una hora después de la llegada de la comisión judicial para ejecutar el lanzamiento de la sentencia, una portavoz del sindicato ya señalaba a este diario que la situación era “crítica” y el desalojo, imparable e inminente. Los mediadores pedían una prórroga de un mes o de unas semanas, pero la propiedad, Urbagestión SL, se cerró en banda. ”La jueza ha dicho que quiere ejecutar el desahucio. La empresa se ha negado a aceptar la última oferta. El desalojo se va a ejecutar. Por eso seguimos reforzando el cordón para acompañar a las compañeras que todavía resisten en el portal. Este desahucio es ilegal”, denunciaba la portavoz.

Tampoco ha sido aceptada la oferta de una reconocida escritora, que prefiere mantener el anonimato, para pagar el alquiler de la vecina de forma vitalicia. El Ministerio de Vivienda, que intentó adquirir el piso, también asegura que Urbagestión no ha respondido a ninguna de las propuestas. “Quieren echarla y ya está. No quieren oír soluciones”, señalaban fuentes del ministerio. Urbagestión quiere que Maricarmen pague 1.650 euros de alquiler —empezaron por 2.650—, con su pensión de 1.350. No negocian y tampoco quieren dar su versión a los medios que se la piden. Lo que pretenden, en realidad, es legal. Maricarmen tiene un contrato subrogado dos veces. Su padre murió poco después de firmar y pasó a su madre, que falleció en 2005 y la hija heredó su contrato. Es ilegal que eso ocurra, y por eso Urbagestión tiene todas las de ganar, por mucho que su inquilina lleve viviendo en esa casa desde hace 71 años.

Los manifestantes, que habían aprovechado la negociación para estirar las piernas, se volvían a sentar en defensa del portal. La calle está cortada por la policía desde las 6.00, momento en el que la marea de activistas recibió a los agentes con cánticos de “el ático de Ayuso para Maricarmen” y “Maricarmen se queda”. Mientras, las puertas del inmueble permanecían cerradas y tapadas con cartón y, dentro, varias decenas de activistas permanecían apostados en las escaleras, preparados por si la policía lograba sortear la barrera humana de fuera.

De vez en cuando, algunos subían al primer piso, donde un vecino había abierto su casa para pasar la noche y, durante la mañana, para que usaran el baño y bebieran agua. Se repartían las pocas galletas de chocolate que quedaban, calmaban la ansiedad de la espera fumando en las ventanas y se sentaban por turnos en las sillas y el sofá. Nadie ha desayunado, ni siquiera el perro del vecino que, cuando los ánimos se caldean, ladra hacia las ventanas. Un helicóptero de la policía sobrevuela la zona.

En el 1° derecha, el piso que les sirve de refugio, cada vez eran más los activistas que se asomaban a las ventanas y seguían el desalojo desde lo alto. Algunos aprovechaban para cargar sus móviles, que los mantenían conectados con sus compañeros del portal y las dos negociadoras que dialogaban con la policía y la comitiva judicial. Incluso un grupo se había apostado en la última planta del bloque, junto a las ventanas del patio interior. Temían que los antidisturbios entraran por la azotea, algo “muy improbable”, reconocen, aunque “no sería la primera vez”. Muchos se preocupan por el bienestar de compañeros de fuera. Les lanzaban botellas de agua y gritos constantes de ánimo. “Me cuidan mis vecinas y no la policía”, cantaban en la calle unas 300 personas.

Al lugar, convertido en plató de televisión, se han acercado al alba desde la eurodiputada Irene Montero, de Podemos, hasta el cómico Ignatius en pantalón corto. Más tarde han acudido los diputados de IU Enrique Santiago, Toni Valero, Nahuel González y Alberto Ibáñez, portavoz adjunto de Sumar y diputado de Compromís. En su anterior intento de desalojo, en junio, hasta la ONU reclamó al Estado español que lo paralizara y buscara una solución. “¿Dónde está el gobierno progresista?”, se preguntan los manifestantes.

Sobre las 7.30, los agentes retiraron unas tiendas de campaña que habían colocado los manifestantes a modo de muro y apartaron a quienes permanecían de pie. Mientras, el sindicato proyectaba sobre la fachada un video de Maricarmen y apela a los agentes: “Quitaos los cascos y decid no”. Cuatro agentes respondieron quitándose los cascos, pero firmes en sus posiciones. Los policías retiraron entonces a la prensa del portal y la llevaron hasta el límite del cordón policial, al final de la calle.

A esa hora se sumaron más manifestantes tras el cordón y nuevas furgonas hasta hacer 10. Se seguían sucediendo cánticos como muestra de apoyo: “Que no, que no tenemos miedo; que sí, que sí tenemos rabia”. A las 7.45, la policía empezó a intervenir. Agentes antidisturbios soltaron a los manifestantes agarrados de las manos entre sí, aunque de forma lenta y con grandes dificultades. Los activistas dejaban el peso muerto de sus cuerpos para dificultar su desalojo. La policía conducía a cada uno que retiraba a la acera contraria, donde los identificaban.

“La lucha es el único camino”, se animan unos a otros sobre las 8.00 mientras, uno a uno, iban siendo apartados de su posición, arrastrados por hasta cuatro agentes cada uno. Tras casi media hora, los agentes detuvieron su actuación un momento, hablaban entre ellos y por la radio. Parecían dudar y los manifestantes les pedían: “Quitaos el casco”. La portavoz del sindicato les rogaba, con un megáfono, que dedicaran “10 segundos a pensar en Maricarmen y en que podría ser su abuela”.

Sobre las 8.00, se sumaron cinco lecheras más, 15 en total, que formaron un continuo de furgones de Sainz de Baranda entre las calles de Maiquez y de Antonio Arias. Los manifestantes pidieron “que pase la prensa”, pero los agentes mantenían a todos los periodistas tras el cordón policial. A las 8.0, la situación se tensó. Un manifestante logró romper el cordón y unirse a la barrera humana, pese a que la policía se abalanzó sobre él, lo tiró al suelo y le golpeó. A esas horas, muchos vecinos salían trajeados de sus portales para ir a trabajar y se sorprendían al ver más de 15 lecheras cortando Alcalde Sainz de Baranda. “¿Todo esto por una anciana?”, se preguntaban algunos. Una vecina se acercó a la barrera para repartir botellas de agua de una bolsa, pero un policía le pidió que parara y abandonara la zona. Los manifestantes la aclamaron: “Y guapa, y guapa, y reina, y reina y reina”.

Sobre las 8.40, la policía paró. La abogada del sindicato, Beatriz Duroa, dialogaba con el Samur Social mientras Emergencias atendía a dos personas, “muy leves”, uno con una pequeña herida en una mano y otra, una mujer “que ya traía la rodilla mal de casa y que se ha hecho daño”. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, aseguró sobre las 9.00 a TVE que lleva más de dos horas intentando que los agentes dejen pasar a la prensa, pero que actúan “por mandato judicial y para protegerlos de grupos violentos”. Fuentes de la delegación puntualizan que no dirigen el dispositivo y que están “en contra de este desahucio”, mientras el delegado tuiteaba que “es profundamente injusto e inaceptable en un Estado que debe ser tan social como de derecho”.

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, llamó al delegado para exigir que se frenara el “vergonzoso y aberrante” desahucio y que cesara “el exceso de la violencia contra las personas que han ido a defender a Mari Carmen”. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez García, explicó que el Gobierno se puso en contacto con la empresa “para hacerles entender que, por encima de su interés económico, está el carácter social de esta vivienda” y que trató de mediar para buscar una solución que permitiera “compensar esas rentas”. A su juicio, este es “un día muy dramático” en el que “se evidencian las consecuencias de la especulación salvaje” y ha reprochado que, mientras movimientos sociales y vecinales se organizaban para tratar de evitar el desahucio, “quien tiene máximas competencias en materia de vivienda en esta comunidad, Isabel Díaz Ayuso, se fue de nuevo a ponerle la alfombra roja a estos especuladores, a estos buitres, a decirles que aquí no piensa regular el mercado”.

A las 9.20, hicieron acto de presencia dos señoras con una carpeta y se pusieron a hablar con la policía y no se sabía si eran mediadoras o de la comisión. Eran lo segundo. Los manifestantes, en todo caso, lo tenían claro y las reciben al grito de “bienvenida, comisión judicial”. Se sumaron una veintena más de antidisturbios. Llegaba la hora.

La mujer pasó la noche en su casa, donde trató de descansar rodeada de familiares y de su círculo cercano del sindicato, mientras, abajo, en su portal, las siguientes horas eran de vigilancia, tensión e incertidumbre. Montaron tiendas, ocuparon la calle y organizaron asambleas en grupos abarrotados para gestionar la resistencia ante la policía.

La mayoría de los manifestantes son jóvenes universitarios y tienen experiencia de las acampadas por Palestina en la Universidad Complutense en 2024 y 2025 o de la oleada de protestas jóvenes contra el cambio climático de 2019. Una de ellas es Martina, de 25 años, que contaba durante la noche, dormitando, que estaba aquí para defender el “derecho al techo” por mucho que entre a trabajar a las 9.00.